Marbury vs. Madison: ¿Real origen del control judicial de constitucionalidad?

Manuel José García-Mansilla, autor de la obra ¿Marbury vs. Madison? Mitos y realidades acerca de los orígenes del control judicial de constitucionalidad, sostiene que el famoso caso de 1803 no fue el primero en ejercer el control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos, ni su inventor fue el Chief Justice John Marshall.

Según el autor, quien basa su análisis en fuentes doctrinales y jurisprudenciales publicadas e inéditas, el judicial review tiene raíces anteriores al caso Marbury vs. Madison, incluyendo el Bonham´s Case de 1610, donde Lord Edward Coke defendió la supremacía del common law sobre las leyes parlamentarias, y el caso Holmes vs. Walton de 1780, en el que el tribunal de Nueva Jersey declaró inconstitucional un estatuto local.

García-Mansilla argumenta que figuras como Alexander Hamilton ya habían planteado en El Federalista la primacía de la Constitución sobre la ley ordinaria, sentando las bases teóricas del control de constitucionalidad mucho antes de 1803.

El libro también desafía la noción de que, tras Marbury vs. Madison, los jueces federales se abstuvieron de invalidar leyes hasta Dred Scott en 1857. Según el autor, la Suprema Corte conoció más de 50 casos de judicial review entre ambas sentencias, lo que contradice la idea de un uso prudente y esporádico de esta facultad.

Además, García-Mansilla sostiene que el control judicial no fue una autoasignación de los jueces, sino el resultado de la evolución del deber tradicional de los jueces anglosajones de aplicar el derecho vigente, que pasó a incluir la Constitución como norma suprema y justiciable.

En cuanto a la novedad de Marbury vs. Madison, el autor reconoce que fue la primera sentencia publicada completa en la que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley federal, pero insiste en que el principio ya existía, incluso indirectamente respaldado por la Judiciary Act de 1789.

Finalmente, el libro menciona que, aunque la República Dominicana careció de textos constitucionales explícitos que reconocieran el control de constitucionalidad entre 1877 y 1907 y entre 1942 y 2010, se admitió generalmente la potestad de los jueces para inaplicar normas por inconstitucionales.