Mantienen prisión preventiva a Héctor Lora por caso Onco14

La jueza Yerixa Cabral de la Cruz confirmó la prisión preventiva por 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), imputado en el caso conocido como Operación Onco14.

La decisión se tomó durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, tras el pedido del Ministerio Público de mantener la prisión preventiva. El tribunal determinó que no hubo cambios en los elementos que fundamentaron la medida inicial, impuesta en junio de 206/2023.

Lora Cruceta cumple su medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago. Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, también permanece en prisión preventiva por el mismo plazo en el CCR Rafey Mujeres.

En el caso de Guzmán, la Corte de Apelación de Santiago ratificó este mes la medida a solicitud del Ministerio Público. Su revisión obligatoria está programada para el 2 de diciembre de 2023, tras reiniciarse el cómputo desde el 2 de septiembre, cuando la corte conoció el recurso presentado.

Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y quien ocupó cargos de vicepresidencia y auditoría en el Patronato durante su gestión, cumple arresto domiciliario y renunció a solicitar la revisión de su medida. Se divorció de Lora en 2014.

Según la investigación del Ministerio Público, el caso involucra presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Patronato y el IORC, incluyendo:

• Fraude clínico y farmacéutico con alteración de indicaciones médicas
• Uso de sellos médicos falsos y doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
• Entrega incompleta de medicamentos a pacientes
• Venta de medicamentos donados y restricciones a donaciones gratuitas
• Contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas
• Uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas no autorizadas
• Gastos de representación considerados ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles
• Sabotaje digital, robo de archivos y presunto lavado de activos

La acusación preliminar señala que la fundación Tócate RD-Casa de Acogida habría sido creada para desviar recursos y facturar a SeNaSa servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del IORC. También se investiga una presunta autoasignación de salarios, viáticos y beneficios a personas vinculadas a las instituciones.

El caso fue declarado de tramitación compleja y permanece en fase de investigación. El Ministerio Público vinculó este proceso con la Operación Cobra 2.0-A, relacionada con presuntas irregularidades en el SeNaSa.

En esa operación, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas coercitivas a 24 personas: cuatro con prisión preventiva en el CCR Las Parras (San Antonio de Guerra) y cinco en el CCR Najayo Mujeres, con revisión fijada para el 22 de diciembre de 2026. Otros nueve están bajo arresto domiciliario y cinco más recibieron garantías económicas mediante compañías aseguradoras, impedimento de salida y arresto domiciliario, incluyendo montos de hasta RD$3 millones en un caso.