Madre sufre daño bucal permanente tras extracción dental en clínica sin autorización

Milka Mercedes Ramírez, maestra y madre de una niña de ocho años, sufrió un daño bucal permanente tras someterse a una extracción de molares en el Centro Médico V Centenario de La Vega, un centro que operaba sin la autorización legal requerida. El incidente ocurrió el 17 de enero de 2026, cuando acudió al consultorio de los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, acusados por el Ministerio Público de ejercer la odontología sin exequátur y en complicidad.

Según la denuncia presentada por la víctima, lo que debía ser una intervención rutinaria se convirtió en una experiencia traumática. Durante el procedimiento, Franklin Almánzar le administró anestesia y luego procedió a golpear repetidamente con instrumentos odontológicos dentro de su boca, lo que provocó lesiones graves y la imposibilidad de extraer completamente las piezas dentales. La intervención se extendió por varias horas, generando un dolor intenso que persistió tras el alta.

Una certificación médica fechada el 5 de febrero de 2026 confirmó que Ramírez sufrió daños permanentes en su salud bucal, lo que le impide sonreír, hablar con normalidad y realizar movimientos bucales sin dolor. Desde entonces, depende de medicación constante que afecta su movilidad y calidad de vida. «Yo me sentía segura, porque para mí él era el médico», recordó la afectada, quien relató que incluso durante la cirugía interactuaba con el profesional, preguntándole si ya había terminado la extracción.

Tras buscar una segunda opinión, varios odontólogos confirmaron el diagnóstico de daño irreversible. La situación no solo afectó a Ramírez, sino también a su hija de ocho años, quien le pregunta constantemente: «Mamá, ¿ya te sanaste?», sin comprender por qué su madre ya no puede sonreír como antes. «A la niña no sé qué decirle. Ella me dice: ¿te sanaste?, y yo le digo que sí, porque no quiero preocuparla. Me hace la prueba, ríete, di A, no te has sanado, me dice», manifestó Ramírez con tristeza.

El Ministerio Público acusó a los hermanos Almánzar de violar los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal, así como los artículos 92, 94, 156, 162, 164 y 166 de la Ley No. 42-01 sobre ejercicio ilegal de la profesión y lesiones graves. Tras su arresto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega les impuso medidas de garantía económica y presentación periódica por seis meses. Franklin Almánzar debe pagar una fianza de 75 mil pesos en efectivo, mientras que su hermano William debe pagar 20 mil pesos bajo las mismas condiciones.

Hasta la fecha, las piezas dentales nunca fueron extraídas y las esperanzas de recuperación plena son nulas. La víctima mantiene la esperanza de que se haga justicia y que se evite que otros pacientes sufran situaciones similares debido al intrusismo profesional en el sector de la salud.