Ley SAVE America podría excluir a millones de votantes por requisitos de documentación

Una propuesta legislativa impulsada por el expresidente Donald Trump que actualmente se debate en el Senado de Estados Unidos podría impedir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto debido a estrictos requisitos de documentación. La SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses), ya aprobada en la Cámara de Representantes, exige que los votantes presenten prueba de ciudadanía al inscribirse en el padrón electoral y un documento de identidad válido al momento de votar.

Estados Unidos no cuenta con un documento nacional de identidad, por lo que actualmente se aceptan alternativas como licencias de conducir o incluso tarjetas de estudiante. Sin embargo, la nueva ley establece que si el nombre en la documentación presentada no coincide exactamente con el registrado, el votante deberá proporcionar documentos adicionales, como certificados de matrimonio o sentencias de divorcio, para justificar el cambio.

Según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos de respaldo, y casi la mitad de la población no posee pasaporte. Estos requisitos afectarían desproporcionadamente a mujeres casadas que cambiaron de apellido, personas transgénero y ciudadanos de bajos ingresos que no pueden costear un pasaporte ni viajar frecuentemente.

Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), advierte que estas barreras podrían excluir a grupos históricamente marginados del proceso electoral. Un ejemplo concreto es el de Letitia Harmon, directora de investigación en Florida Rising, quien tras divorciarse en el estado de Washington no sabe qué apellido figura en su registro electoral en Florida y podría verse obligada a tramitar costosa y lenta su sentencia de divorcio para poder votar.

La Casa Blanca defiende la medida como necesaria para prevenir el fraude electoral, aunque la legislación actual ya prohíbe que extranjeros voten. Según un estudio del Washington Post, entre 2010 y 2014 se registraron solo 31 incidentes creíbles de suplantación de identidad en más de mil millones de papeletas emitidas, lo que sugiere que el fraude electoral es extremadamente raro.

Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense, afirmó en marzo que las mujeres casadas simplemente deben seguir los procedimientos estatales para actualizar su documentación. Sin embargo, expertos como Hasen señalan que en la última década y media, los estados con mayoría republicana han aprobado leyes que dificultan el voto, mientras que los demócratas han impulsado iniciativas para facilitarlo. Actualmente, doce estados republicanos ya exigen prueba de ciudadanía para el registro electoral.

Un precedente preocupante ocurrió en Kansas en 2014, cuando Harmon no pudo votar en unas primarias por falta de su certificado de nacimiento. Cuatro años después, un juez federal declaró inconstitucional esa ley estatal tras descubrirse que más de 30.000 personas habían sido excluidas del padrón electoral. Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una versión estatal de la SAVE America Act que entrará en vigor en enero de 2027, después de las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

Los datos del Pew Research Center de 2024 muestran que el 52% de los hombres registrados para votar se inclinó por el Partido Republicano, frente al 44% de las mujeres, lo que añade una dimensión política al debate sobre el impacto potencial de la ley en la participación electoral por género.