Henry Molina renuncia a buscar reelección como presidente de la Suprema Corte
Henry Molina anunció que no buscará continuar como presidente de la Suprema Corte, destacando avances en eficiencia judicial y transparencia durante su gestión.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe

Henry Molina comunicó este lunes al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que no procurará continuar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante una carta dirigida al presidente Luis Abinader, quien preside ese órgano constitucional.
La decisión se produce mientras avanza el proceso institucional relacionado con la evaluación y eventual ratificación de los jueces de la alta corte. En la comunicación, fechada este 3 de agosto, Molina manifestó que tomó la decisión convencido de que el Poder Judicial dispone actualmente de las estructuras necesarias para continuar el proceso de transformación que ha experimentado durante los últimos años.
El magistrado también expresó su respeto a las atribuciones constitucionales del CNM y dijo confiar en la continuidad institucional del Poder Judicial. La decisión no supone, según explicó en su carta, una salida inmediata de sus funciones. Molina indicó que permanecerá al frente de sus responsabilidades hasta la conclusión de su mandato.
La carta incluye un recuento de los resultados que Molina atribuye al proceso de transformación impulsado durante su gestión. Entre los indicadores citados figura la resolución del 90 % de los casos en un período de un año o menos. También señala una reducción del tiempo promedio para tramitar recursos de casación, que habría pasado de 707 días a 27 días.
El documento menciona además el aumento de la confianza ciudadana en la justicia registrado por Latinobarómetro y un reconocimiento del World Justice Project a la República Dominicana como el país con mayor avance entre las 143 naciones evaluadas. Molina también destaca la publicación de más de 450,000 decisiones judiciales a través de la Juristeca y el mantenimiento de las máximas calificaciones en indicadores institucionales de transparencia.
A esto suma el desarrollo de la plataforma justicia.gob.do, concebida para ampliar el acceso a servicios judiciales mediante herramientas digitales. El magistrado atribuye esos resultados al trabajo conjunto de jueces, juezas y servidores judiciales, y sostiene que las capacidades desarrolladas durante estos años constituyen un patrimonio institucional que debe permitir la continuidad de las reformas.
La salida de Molina de la carrera por la presidencia de la Suprema Corte se produce en un momento en que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene a su cargo el proceso de evaluación de los jueces del alto tribunal. Según reportes, el período constitucional de siete años de once de los diecisiete jueces de la Suprema Corte, incluido Molina, venció el 4 de abril de 2026. El artículo 181 de la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte son designados por siete años y deben ser sometidos a una evaluación de desempeño al término de ese período; corresponde al CNM decidir su ratificación o sustitución.
El proceso, por tanto, no se limita a determinar quién ocupará la presidencia de la alta corte. También implica definir la composición del tribunal para el próximo período y la continuidad o sustitución de los magistrados que hayan concluido su ciclo constitucional. En ese contexto, la decisión de Molina despeja al menos uno de los elementos que deberán ser considerados por el CNM: su nombre no estará entre quienes procuren permanecer en la presidencia de la Suprema Corte.
Molina cerró su comunicación reiterando que continuará desempeñando sus funciones con responsabilidad y dedicación hasta que concluya su mandato. Su decisión abre ahora el escenario para que el Consejo Nacional de la Magistratura determine la nueva composición de la Suprema Corte y, dentro de ese proceso, quién asumirá la presidencia del máximo tribunal del Poder Judicial.
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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