Ley de Patrimonio Cultural: Falta de Consulta Genera Preocupación en el Sector

La reciente aprobación en segunda discusión por el Senado de la República del proyecto de ley para la protección y adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana ha generado preocupación en amplios sectores vinculados al arte y la memoria nacional. Aunque nadie se opone a fortalecer la protección del patrimonio, expertos advierten que la legitimidad del proceso de elaboración es tan importante como la nobleza de sus propósitos.

Según el sector cultural, el proyecto no fue sometido a un proceso abierto de consultas ni a vistas públicas con sus actores principales. Centros culturales, museos, fundaciones, academias, universidades, investigadores, historiadores, arqueólogos, gestores y artistas no fueron convocados a discutir una legislación que impactará directamente el futuro cultural del país. Esta omisión, señalan, resta transparencia y consenso a una iniciativa de alto interés nacional.

Una ley de esta naturaleza no puede construirse de espaldas a quienes han dedicado su vida a preservar la memoria colectiva. Resulta paradójico que un proyecto destinado a proteger el patrimonio prescinda del diálogo con su patrimonio vivo. Las leyes culturales más sólidas del mundo nacen de la concertación, pues la cultura no admite imposiciones; exige escucha, rigor técnico y construcción compartida.

Se hace un llamado al senador proponente y a los demás integrantes del Senado para que abran una pausa constructiva en el trámite del proyecto y faciliten un espacio formal de vistas públicas. La labor legislativa se engrandece cuando se nutre de la experiencia de los especialistas. Asimismo, se insta a los centros culturales, órganos vinculados a la Ley de Mecenazgo, fundaciones privadas, sector académico y gestores de inversión cultural a estudiar el texto aprobado, identificar sus vacíos operativos o técnicos y presentar propuestas concretas de mejora.

Se confía en que el presidente de la República, Luis Abinader, propicie este puente de diálogo antes de la promulgación definitiva, recordando su historial de sensibilidad democrática al escuchar a diversos sectores y reconsiderar iniciativas cuando la sociedad plantea observaciones legítimas. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo: no se trata de frenar una ley de patrimonio, sino de garantizar que nazca con el respaldo y la solidez técnica de quienes han construido, preservado y defendido esa memoria durante generaciones.