Lenín Moreno condenado a 5 años por sobornos en caso Coca Codo Sinclair

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno fue declarado culpable este viernes por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho, en relación con el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

Según la sentencia, Moreno recibió sobornos por parte de la empresa china Sinohydro para facilitar la adjudicación y ejecución del proyecto, que contó con un financiamiento total de 76 millones de dólares provenientes del Eximbank de China. Los jueces determinaron que más de un millón de dólares fueron distribuidos a través de un círculo empresarial vinculado a su familia y allegados.

La Corte Nacional de Justicia impuso además la pena accesoria de incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos y ordenó el pago de multas equivalentes al triple del monto recibido en sobornos, medida que también aplica a su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno y otros familiares implicados.

Además de Moreno, fueron declarados culpables 20 personas, entre ellas su hermano Edwin Moreno, su hermano Guillermo Moreno, su cuñada Marta González, su amigo Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Mientras que Patiño y Cai Runguo recibieron la misma pena de cinco años de prisión, el resto de los familiares fue condenado a dos años y seis meses de cárcel.

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que sostuvo que Moreno, en su calidad de vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), utilizó su influencia para favorecer a Sinohydro en un ámbito ajeno a sus funciones oficiales, obteniendo beneficios mediante terceros.

El expresidente negó haber recibido cualquier pago, afirmando que el caso fue «fabricado» por su exaliado político Rafael Correa como acto de venganza. Moreno sostuvo que, al asumir la presidencia en 2017, ordenó una revisión de las obras del correísmo y detectó 17.000 fisuras en la represa de Coca Codo Sinclair, que entró en operación en 2016 pero fue recibida oficialmente por el gobierno de Daniel Noboa en abril de 2024.

La sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada por todos los procesados. El caso constituye uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exmandatario en la historia reciente de Ecuador.