La Unidad Sancionadora de la JCE confirma su operatividad pese a suspensión de encuestas

La Junta Central Electoral (JCE) confirmó la operatividad de su Unidad Sancionadora, aunque esta permanece inactiva debido a la suspensión temporal del artículo 13 que regula las firmas encuestadoras. La decisión del pleno de dejar sin efecto dicha norma impactó directamente dos procedimientos sancionadores en curso contra ACD Media, S.R.L. y Centro Económico del Cibao, S.R.L., ambas empresas vinculadas a la publicación de encuestas electorales fuera de los plazos establecidos por la normativa.

Los expedientes identificados como JCE-USAEMC-PIC-001-2026 y JCE-USAEMC-PIC-002-2026 habían avanzado significativamente: el Centro Económico del Cibao presentó sus descargos el 18 de agosto de 2026, seguido por ACD Media al día siguiente. Tras estas presentaciones, ambos casos ingresaron a la fase de análisis de dictamen por parte del órgano sancionador, etapa que quedó suspendida al perder vigencia la base legal que sustentaba las sanciones.

La Unidad Sancionadora, creada mediante reglamento publicado el 3 de mayo de 2023, fue diseñada para aplicar las sanciones previstas en la Ley de Partidos y la Ley Electoral, con competencia sobre partidos, dirigentes, aspirantes, precandidatos y entidades como firmas encuestadoras. Entre sus funciones destacan el seguimiento de denuncias y la facultad proactiva de recabar pruebas necesarias para sustentar las infracciones administrativas electorales.

Sin embargo, desde su instauración hace más de tres años, la unidad no ha impuesto ninguna sanción pública a actores políticos o entidades por faltas administrativas. Las únicas acciones registradas por la JCE han sido advertencias reiteradas, particularmente en casos de proselitismo electoral fuera de plazo, considerada la infracción más frecuente durante los procesos comiciales.

La JCE ha expresado públicamente sus limitaciones para sancionar, señalando que la Unidad Sancionadora opera «con los brazos atados» debido a restricciones legales que dificultan su accionar pleno. Esta situación se ha reflejado en otras medidas regulatorias, como las restricciones a la publicación de encuestas electorales, las cuales el organismo considera herramientas promocionales anticipadas que distorsionan la equidad en la campaña.

Aunque la suspensión del artículo 13 es temporal, su efecto ha puesto en evidencia tanto la existencia como las limitaciones actuales de la Unidad Sancionadora, cuyo rol clave en el sistema electoral dominicano permanece pendiente de pleno ejercicio debido a vacíos normativos y de aplicación.