Juez reduce garantía económica de Ana Ledesma a RD$5 millones en caso SeNaSa

El juez de la instrucción Deybi Timiteo Peguero dispuso este miércoles una reducción significativa en la garantía económica impuesta a Ana Ledesma, imputada en el caso SeNaSa, pasando de RD$20 millones a RD$5 millones bajo la modalidad de contrato.

Esta medida busca hacer efectiva la decisión previamente adoptada el 16 de julio, cuando se le otorgó el beneficio de arresto domiciliario con uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica, pero que no pudo cumplir debido a la imposibilidad de reunir el monto original de la garantía.

Ana Ledesma Ubiera, la única mujer entre los imputados en este proceso, había permanecido recluida en el centro penitenciario de Najayo pese a la variación de su medida de coerción, precisamente por no poder afianzar los RD$20 millones requeridos inicialmente.

Con la nueva disposición, Ledesma podrá finalmente salir del recinto penitenciario y cumplir el régimen de arresto domiciliario, manteniendo todas las demás restricciones impuestas por el tribunal, incluyendo el monitoreo electrónico y la prohibición de salir del territorio nacional.

Durante la audiencia, el magistrado enfatizó que la reducción de la garantía responde a la necesidad de hacer viable el cumplimiento de la medida, sin menoscabar los objetivos de la investigación ni los derechos de las partes involucradas.

"Esta decisión permite que se haga efectiva la medida de coerción previamente otorgada, respetando tanto el derecho a la defensa como las necesidades de la investigación"

, declaró Gustavo de los Santos Coll, abogado de la defensa, tras conocerse la resolución judicial.

En una diligencia relacionada, se informó que la solicitud de prórroga para extender el plazo de presentación de la acusación formal contra Santiago Hazim y otros implicados en el caso SeNaSa fue aplazada para el próximo 4 de septiembre.

El caso SeNaSa, que involucra presuntas irregularidades en la contratación y gestión de fondos de la Seguridad Social, continúa en fase de instrucción, con varias audiencias programadas para los próximos meses mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.