Juez inicia audiencia preliminar en caso Lobo por sobornos de RD$108 millones
Juez Deiby Peguero inicia audiencia preliminar en caso Lobo por sobornos de RD$108 millones para manipular licitaciones de seguridad en entidades estatales.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional iniciará este lunes la audiencia preliminar contra los imputados en el caso Lobo, una presunta red criminal acusada de distribuir sobornos por más de RD$108,080,359.92 en sobornos para manipular licitaciones de servicios de seguridad en instituciones estatales.
El juez Deiby Peguero deberá determinar si envía a juicio a los involucrados, tras la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicita el enjuiciamiento de militares y civiles vinculados a la estructura criminal.
Entre los acusados figuran el exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, así como oficiales retirados y activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, incluidos el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles y tenientes.
También está implicado el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, cuya empresa, Senasa, habría realizado los pagos sobornos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025 mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo para asegurar la adjudicación y permanencia de contratos en entidades como el Inaipi, Senasa y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, lideró la investigación que se originó tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual detectó una presunta red dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de procesos licitatorios y el cobro sistemático de sobornos.
Según la acusación, los imputados utilizaron mecanismos de corrupción para beneficiar a contratistas de servicios de seguridad privada, alterando los resultados de licitaciones y garantizando la continuidad de los contratos a cambio de pagos ilegales, lo que constituye un delito contra la administración pública y la fe.
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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