Juez impone prisión preventiva y domiciliaria a imputados en caso Senasa 2.0

El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a varios imputados vinculados a la presunta red de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), tras la judicialización del caso conocido como Operación Cobra 2.0-A. La decisión fue tomada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, durante la audiencia realizada este domingo.

Prisión preventiva en centros de corrección fue dictada para ocho personas: Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz, Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. Asimismo, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista permanecerán en el CCR Najayo Mujeres por un plazo de 18 meses.

Arresto domiciliario fue impuesto a nueve imputados: Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Además, se les impuso garantía económica mediante compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, con un monto de 2 millones de pesos cada uno. A Martha María Saldaña Saldaña se le fijó una garantía de 3 millones de pesos, mientras que a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré se les impuso una garantía de 1 millón de pesos, junto con presentación periódica.

El tribunal estableció que la revisión obligatoria de la medida de coerción se realizará el 22 de diciembre de 2026, y confirmó que el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será el tribunal de control del proceso.

"Este es un reconocimiento ahora del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable", destacó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, quien calificó la resolución como un respaldo al trabajo investigativo realizado.

Camacho enfatizó tres aspectos clave: primero, que el caso sirve como lección para exhortar a los médicos a no prestar sus códigos, advirtiendo que "prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal"; segundo, que todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad; y tercero, que la investigación sobre los hechos en SeNaSa no concluye con esta etapa y continuará para alcanzar sanciones penales y el decomiso de los fondos sustraídos al Estado.

Recordemos que, en el marco de la Operación Cobra, el Ministerio Público había arrestado previamente al exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a varios coimputados, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán Rafael Robles Quiñones, entre otros. El objetivo del ente acusador es lograr sanciones penales y recuperar los miles de millones de pesos presuntamente sustraídos del erario público.