Juez federal bloquea orden de Trump que restringía el voto por correo

Un juez federal de Estados Unidos suspendió la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba limitar el voto por correo antes de las elecciones de medio término, tres días después de que la Corte Suprema le hubiera otorgado una autorización temporal. La decisión, emitida el jueves por la jueza Indira Talwani, considera que la medida es "prácticamente imposible" de cumplir para los estados y probablemente inconstitucional.

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, exigía que los estados elaboraran listas específicas de votantes habilitados y que el Servicio Postal de EE.UU. entregara las papeletas únicamente a esos electores. Sin embargo, los estados liderados por demócratas demandaron a la administración Trump, argumentando que la organización de las elecciones corresponde exclusivamente a los gobiernos estatales, no al federal.

En su fallo, la jueza Talwani señaló que la mayoría de los estados demandantes ya habían impreso y encargado sus papeletas por correo, y algunos estaban legalmente obligados a enviarlas a los votantes tan pronto como la próxima semana. Añadió que "el expediente sigue careciendo de cualquier prueba relativa al fraude en el voto ausente o por correo", desmintiendo una de las afirmaciones centrales de Trump sobre la supuesta vulnerabilidad del sistema.

Durante años, Trump ha criticado públicamente el voto por correo, vinculándolo sin evidencia a fraudes electorales y a su afirmación infundada de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron "robadas" por Joe Biden. A pesar de su postura, él mismo ha utilizado el voto por correo en múltiples ocasiones, incluyendo este mes durante las primarias republicanas en Florida.

La suspensión de la orden ocurre en un contexto político tenso, ya que encuestas recientes indican que el Partido Republicano enfrenta una seria amenaza de perder su estrecho control del Congreso en las próximas elecciones de medio término. La decisión judicial refuerza el principio de que los estados tienen la autoridad primaria sobre la administración de sus procesos electorales.