Juez envía a prisión preventiva a líder de red de explotación sexual infantil

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, alias "El Patrón" o "Juan El binbin", señalado como cabecilla de una red de explotación sexual y pornografía infantil.

Castillo Peña permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal, tras ser imputado por proxenetismo agravado, explotación sexual de menores y adultos, lavado de activos y delitos de alta tecnología.

El segundo imputado, Brailyn López Del Rosario, de 20 años, recibió medidas alternativas: pago de una garantía económica de RD$100 mil mediante empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Detalles de la investigación y allanamiento

Según el Ministerio Público, la red operaba desde un edificio en la calle Emilio Prud’Homme, sector San Carlos, Distrito Nacional, donde utilizaban redes sociales para ofrecer servicios sexuales de víctimas a cambio de efectivo y transferencias bancarias.

El allanamiento se ejecutó el pasado 9 de septiembre tras una orden judicial de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, resultado de una investigación iniciada el 13 de noviembre de 2025.

Ese día, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), adscritos a Homeland Security Investigations (HSI) de EE.UU., interceptaron a Castillo Peña en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Durante una segunda inspección por sospechas de abuso sexual infantil, el imputado entregó voluntariamente su teléfono móvil, un Samsung Galaxy S25 Ultra, en el cual se encontraron videos de abuso y conversaciones donde ofrecía servicios sexuales de menores, incluyendo la dirección del inmueble en San Carlos.

Elementos incautados y respaldo institucional

En el allanamiento, autoridades rescataron varias víctimas e incautaron: cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos con anotaciones de servicios, facturas de pago, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, pasaportes, títulos de propiedad y otros documentos personales.

La investigación es liderada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la dirección de la procuradora Yoanna Bejarán Álvarez, con apoyo de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El equipo litigante incluye a los fiscales Aleika Almonte, Noelia Tavera, Kelvyn Colón Rodríguez, Yonoris Suero y el fiscalizador Roberto Reyes, respaldado por unidades especializadas como DETT, DEIDET, UITIMC y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.

El caso contó con cooperación internacional mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT), involucrando a la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo y la agencia HSI.

El conocimiento de la medida de coerción había sido aplazado el pasado domingo y finalmente fallado este martes por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.