Juez asignado para juicio preliminar por caso de más de RD$108 millones en instituciones públicas
Juez Deiby Timoteo Peguero conoce juicio preliminar por sobornos de RD$108 millones en instituciones públicas, vinculados a exfuncionarios y empresas de seguridad privada.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene ahora a su cargo el juicio preliminar contra 14 personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por un monto superior a RD$108 millones para favorecer contratos de seguridad privada en entidades estatales.
La jueza coordinadora Kenya Romero realizó el apoderamiento mediante sorteo aleatorio computarizado, asignando el caso al juez Deiby Timoteo Peguero en cumplimiento con el procedimiento establecido para la distribución de expedientes. Con el caso en sus manos, el magistrado deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar, donde el Ministerio Público solicitará el auto de apertura a juicio.
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi; y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, entre otros exfuncionarios y responsables de seguridad de distintas entidades estatales.
También fueron imputadas las personas jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Rodríguez González, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Según la acusación del Ministerio Público, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se originó a partir de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El esquema operó entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, según las pesquisas realizadas.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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