Juez aplaza audiencia preliminar del caso Lobo por licencia médica y traslado tardío

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 5 de octubre el inicio de la audiencia preliminar en el caso Lobo, una presunta red de corrupción que involucra a militares, civiles y un empresario acusados de distribuir sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones estatales.

La decisión del juez Deiby Peguero se basa en dos motivos principales: la presentación de una licencia médica por parte del imputado coronel Andrés Pacheco Valera, cuya condición de salud no fue especificada, y el retraso en el traslado a tiempo de los imputados Wellington Peralta Santos y Ramón Quezada Ortiz, quienes cumplen arresto domiciliario como medida de coerción.

El magistrado indicó que el aplazamiento busca garantizar el derecho a defensa y permitir la recuperación del imputado que presentó la licencia médica. Asimismo, informó que mediante la Secretaría del Tribunal se recibió un escrito de constitución en actor civil presentado por el Estado dominicano, el cual debe ser notificado a los acusados.

Según la acusación del Ministerio Público, la presunta organización criminal manipuló licitaciones de servicios de seguridad en entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur, con el objetivo de estafar al Estado por más de RD$100 millones.

Entre los imputados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana.

El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, pagados supuestamente por la empresa Senase durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició la investigación tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El Ministerio Público solicita enviar a juicio a todos los implicados, sustentando su acusación en decenas de elementos de prueba que señalan una presunta red criminal dedicada a estafar al Estado mediante la manipulación de contratos y el cobro sistemático de sobornos a cambio de favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.