Aplazan audiencia preliminar contra Quilvio Rodríguez y otros imputados por presunto fraude estatal

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 5 de octubre de 2026, a las 10:00 de la mañana, la audiencia preliminar seguida contra el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y otros imputados en un caso de presunto fraude contra el Estado.

Durante la audiencia, se informó que uno de los acusados, Andrés Pacheco, presentó un certificado médico que justifica una licencia de un mes debido a un proceso postoperatorio. Además, al inicio de la diligencia no se presentaron Ramón Quezada, quien cumple arresto domiciliario, ni Wellington Peralta Santos, otro de los imputados identificados en el expediente.

Carlos Balcácer, abogado defensor de Rodríguez González, calificó el proceso como "la ignominia más monstruosa que ha visto" y sostuvo que su cliente es un empresario que prestó servicios de seguridad al Estado mediante licitaciones válidamente ganadas y aprobadas por los mecanismos de contratación pública.

Según el letrado, un grupo de funcionarios públicos habría actuado en contra de su representado por el simple hecho de cobrar periódicamente por el trabajo realizado, lo que, a su juicio, constituye una persecución injustificada.

El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de Corte Rosa María Pichardo y la fiscal Yoneivy González, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes afirmaron estar preparadas para conocer el caso y avanzar en la investigación.

Según la acusación fiscal, las presuntas operaciones ilícitas investigadas habrían afectado a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El expediente también incluye a otros altos rangos militares y policiales: el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos y el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz.

Todos los imputados enfrentan cargos por presunto soborno, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos violan el Código Penal, la Constitución de la República y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.