JCE suspende prohibición de publicar encuestas electorales hasta resolución del TC
La JCE suspende la prohibición de publicar encuestas electorales hasta que el TC resuelva sobre su constitucionalidad, pese a votos disidentes por exceso de facultades.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe

La Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender temporalmente la prohibición de publicar encuestas electorales prevista para entrar en vigor el 4 de julio de 2027, fecha de inicio de la precampaña, mientras espera una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 13 del Reglamento de encuestas.
La suspensión, aprobada por mayoría en el pleno de la JCE, se mantendrá hasta tanto el Alto Tribunal resuelva los recursos presentados contra dicha disposición, la cual prohíbe la difusión de sondeos antes del inicio de la precampaña. Según el órgano electoral, esta medida responde a la ausencia de una resolución legal definitiva sobre el tema.
La decisión fue fundamentada en un ejercicio de responsabilidad institucional y respeto al Estado de derecho, ponderando los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, según expresó el presidente del pleno, Román Jáquez Liranzo. La resolución establece la suspensión provisional de los efectos del artículo 13 y sus párrafos del Reglamento que regula el registro de encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.
No obstante, la medida no fue unánime. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises presentaron votos disidentes, argumentando que la JCE excedió sus facultades al suspender de oficio una norma con presunción de legalidad.
Fernández Guzmán sostuvo que la vía correcta habría sido requerir al impugnante que solicite la medida cautelar directamente ante el Tribunal Constitucional, único órgano competente para ello, o bien iniciar un proceso formal de modificación del reglamento.
Por su parte, Vallejo Santelises advirtió que la decisión vulnera la seguridad jurídica del órgano electoral, al alterar principios como la confianza legítima y la certeza normativa mediante un acto administrativo simple, lo que, según él, modifica una norma general sin el debido proceso.
El reglamento en cuestión entró en vigencia el 22 de mayo y ha sido objeto de controversia desde su emisión. Fue impugnado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por ACD Media y la organización Participación Ciudadana, quienes alegaron violaciones constitucionales. El TSE se declaró incompetente el 23 de julio y remitió el caso al Tribunal Constitucional.
Durante su vigencia parcial, la JCE realizó dos intimaciones —una a ACD Media y otra al Centro Económico de Santiago— las cuales también quedaron suspendidas bajo el mismo criterio aplicado al reglamento.
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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