JCE confirma vigencia de reglamento que prohíbe encuestas electorales

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, aseguró que el reglamento que regula las encuestas en materia electoral permanece plenamente vigente, descartando interpretaciones que sugerían su suspensión tras el sobreseimiento de dos recursos de reconsideración.

Jáquez explicó que, tras la publicación del reglamento, el órgano electoral recibió dos recursos de reconsideración: uno presentado por una firma encuestadora y otro por la organización Participación Ciudadana, ambos alegando presuntas violaciones constitucionales. Paralelamente, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de una medida cautelar y una acción de impugnación interpuesta por la Fundación Sin Fronteras, con el objetivo de lograr la nulidad del reglamento.

Ante este escenario, el Pleno de la JCE decidió el pasado 18 de junio sobreseer el conocimiento de ambos recursos de reconsideración hasta que el TSE emita una decisión sobre las acciones que cursan en ese tribunal. Según Jáquez, esta medida tuvo como único propósito evitar decisiones contradictorias entre el órgano administrativo y la jurisdicción electoral, cuya resolución será vinculante.

"Lo que el Pleno ha hecho es posponer el conocimiento de esos dos recursos de reconsideración hasta tanto el Tribunal Superior Electoral conozca de la acción de la Fundación Sin Fronteras", sostuvo el presidente de la JCE, enfatizando que el reglamento no ha sido suspendido, anulado, inhabilitado ni dejado sin efecto.

En síntesis, Jáquez afirmó que el reglamento que regula las encuestas en materia electoral está vigente, y permanecerá así mientras el TSE no decida lo contrario. "No ha sido dejado sin efecto, no ha sido inhabilitado, no ha sido suspendido y mucho menos ha sido anulado", reiteró.

La declaración se produce en un contexto de críticas políticas. En la víspera, Javier Ubiera, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, había advertido que la decisión de pausar el conocimiento de los recursos constituía una mala señal institucional, al considerar que sentaría un precedente peligroso para el normal ejercicio de las atribuciones administrativas del órgano electoral.