Inversión pública y elecciones: el dilema entre desarrollo y oportunismo político

Ganar elecciones en la República Dominicana requiere más que una buena estrategia política. Según analistas, el éxito electoral depende de la convergencia de múltiples factores: una campaña bien estructurada, posicionamiento efectivo de los candidatos, respaldo financiero del sector privado y la capacidad de responder a las demandas de desarrollo e infraestructura en cada demarcación territorial.

La percepción del electorado se construye sobre bases sólidas, donde la credibilidad de los candidatos, el liderazgo territorial de dirigentes comunitarios y el historial de obras ejecutadas por los partidos en el poder juegan un papel determinante. Asimismo, el peso de las promesas incumplidas puede convertirse en un pasivo electoral de gran importancia, ya que la memoria colectiva suele actuar como activo o pasivo en los procesos democráticos.

La demanda de infraestructura pública es constante y trasciende los ciclos políticos. La población reclama mejoras en carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, expansión del sistema 9-1-1, extensiones universitarias, transporte público masivo, hospitales, acueductos, saneamiento y caminos vecinales que conecten la producción agrícola con los mercados. Estas inversiones no solo elevan la calidad de vida, sino que aumentan la competitividad y productividad nacional.

Una parte significativa de estas obras se financia mediante créditos multilaterales, principalmente del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Estos organismos otorgan préstamos a plazos largos y tasas relativamente bajas, y cuando se utilizan con criterios técnicos y transparencia, contribuyen a ampliar la capacidad productiva del país, elevar el crecimiento potencial y mejorar la competitividad a largo plazo.

Sin embargo, cerca de los procesos electorales, se observa un cambio en las prioridades del gasto público. Autoridades nacionales, congresuales y municipales tienden a incrementar tanto la inversión en obras como el gasto corriente, buscando presentar resultados de gestión y acelerar proyectos pendientes para fortalecer su imagen ante los votantes. En muchos casos, se inauguran obras, se anuncian nuevos programas sociales o se aumentan partidas presupuestarias con el objetivo de generar un impacto político inmediato.

Desde una perspectiva de política pública óptima, la inversión del Estado debería responder exclusivamente a criterios técnicos, sociales y económicos, priorizando las necesidades de desarrollo de cada territorio sin importar el partido en gobierno o los intereses electorales del momento. Cuando prevalece esta visión institucional, los recursos se asignan con mayor eficiencia y contribuyen de manera más efectiva al desarrollo nacional.

Para abordar el déficit histórico de infraestructura en un contexto de crecimiento poblacional, se propone un gran acuerdo nacional. Un pacto entre las principales fuerzas políticas permitiría definir prioridades estratégicas de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales, asegurando la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

La evidencia internacional confirma que las motivaciones políticas distorsionan la asignación eficiente de recursos públicos. En numerosos casos, las prioridades presupuestarias dejan de responder a criterios de rentabilidad económica y social para privilegiar proyectos con mayor impacto electoral, generando ineficiencias en el uso de los fondos estatales.

Este fenómeno ha sido estudiado desde la teoría de los ciclos político-económicos, desarrollada por el economista estadounidense William D. Nordhaus, quien sostuvo que los gobiernos tienen incentivos para estimular temporalmente la actividad económica antes de las elecciones mediante mayor gasto público, expansión fiscal o políticas que reduzcan transitoriamente el desempleo. Aunque esto puede mejorar la percepción de bienestar, posteriormente pueden aparecer desequilibrios fiscales, inflación o aumento del endeudamiento público. La literatura contemporánea en economía política ha enriquecido este enfoque, estableciendo un amplio consenso sobre los factores políticos que condicionan la inversión pública, entre los cuales destaca el oportunismo político como uno de los más relevantes.