Instituto Duartiano exige debate público sobre migración y cumplimiento del 80% de trabajadores dominicanos

El Instituto Duartiano ha solicitado formalmente que los partidos y agrupaciones políticas de la República Dominicana definan públicamente sus posiciones sobre la situación migratoria, particularmente en relación con la presencia de ciudadanos haitianos en condición irregular en el territorio nacional.

Según declaró Wilson Gómez Ramírez, presidente de la institución, los dominicanos tienen derecho a conocer las posturas de los líderes nacionales y sus organizaciones respecto a un tema que, según su evaluación, afecta directamente la estabilidad, la seguridad y la paz social del país.

"Los dominicanos tienen el legítimo interés de conocer cuáles son las posiciones que envuelven los líderes nacionales y sus organizaciones con relación a esta problemática que tan seriamente amenaza la estabilidad, la seguridad y la paz social de la República Dominicana"

Gómez Ramírez exhortó a todas las fuerzas políticas, sin importar su tamaño o nivel de apoyo electoral, a presentar de manera pública sus propuestas frente a la situación migratoria y sus posibles efectos en el país. Asimismo, indicó que el tema debe incorporarse como eje central en los debates políticos de cara a los distintos niveles de elección: presidencial, congresual y municipal.

El dirigente también hizo un llamado a las instituciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación para que incluyan la situación migratoria en sus espacios de debate. Mencionó específicamente a productores de programas radiales y televisivos, multimedios y cadenas de transmisión, instándolos a fomentar discusiones sobre las posiciones de los candidatos respecto a este asunto.

En cuanto al marco legal, Gómez Ramírez recordó que la Ley General de Migración 285-04 establece la ilegalidad de la entrada o permanencia de extranjeros que no puedan demostrar la regularidad de su situación migratoria. En ese sentido, abogó por intensificar las deportaciones de personas que permanezcan de manera irregular en el territorio nacional.

Además, reclamó la aplicación de los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo, que establecen que al menos el 80 % del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por ciudadanos dominicanos, como medida de nacionalización del trabajo y preferencia por la fuerza laboral local.

Para respaldar su preocupación, Gómez Ramírez hizo referencia a situaciones observadas en distintos puntos del país, destacando el caso de Friusa, en el distrito municipal de Verón, donde afirmó que existen asentamientos con una importante presencia de ciudadanos haitianos sin documentación migratoria regular.

Finalmente, sostuvo que las autoridades dominicanas tienen el mandato constitucional de adoptar las medidas necesarias para garantizar el control del territorio y la soberanía nacional, y que la situación migratoria debe ser abordada de manera integral por todos los sectores políticos y sociales, de modo que la población pueda conocer las distintas posiciones y propuestas existentes sobre el tema.