INABIE evalúa alternativas para almuerzo escolar en Rancho Arriba tras quejas de padres

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció que está estudiando posibles alternativas para resolver las quejas de la comunidad educativa de Rancho Arriba, en San José de Ocoa, relacionadas con el traslado prolongado del almuerzo escolar, que actualmente se transporta desde una ubicación ubicada a más de 45 kilómetros de distancia.

La Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores (APMAAT) de la Escuela de Rancho Arriba planteó formalmente su preocupación, solicitando que el servicio de alimentación escolar sea preparado por proveedores locales del municipio, con el objetivo de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos al reducir el tiempo de traslado y minimizar riesgos asociados a la cadena de frío y manipulación.

Según explicó el director del INABIE, Adolfo Pérez de León, las asignaciones actuales de las cocinas que suministran las raciones se ajustan estrictamente a los criterios técnicos y legales establecidos en los procesos de contratación institucional previos. No obstante, reconoció que las particularidades geográficas de Rancho Arriba y las inquietudes expresadas por la comunidad educativa motivan un análisis interno de soluciones viables.

El INABIE precisó, mediante su Dirección de Comunicaciones, que mantiene un sistema permanente de supervisión sobre los proveedores, con controles rigurosos orientados a asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad alimentaria requeridos para la entrega a los estudiantes. Asimismo, destacó que cualquier alternativa considerada deberá ajustarse al marco legal y presupuestario vigente.

El reclamo de los padres y tutores fue presentado mediante un comunicado oficial, en el que también solicitaron la intervención del Ministerio de Educación para abordar de manera integral las deficiencias percibidas en el servicio de alimentación escolar en la zona.

La entidad estatal reiteró su compromiso con el bienestar estudiantil y aseguró que continuará evaluando opciones que permitan mejorar el servicio sin comprometer la transparencia, la legalidad ni la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.