HRW denuncia juicios masivos en El Salvador como burla a la justicia

Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe publicado este miércoles que los juicios masivos en El Salvador, realizados desde comienzos de 2026, representan una burla a la justicia al condenar a cientos de personas simultáneamente sobre la base de pruebas débiles y sin garantizar un derecho real a la defensa. Según la directora para América de la organización, Juanita Goebertus, estos procesos no buscan determinar responsabilidad penal, sino producir condenas de forma masiva.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado por más de cuatro años, sustenta estas detenciones masivas. El gobierno de Nayib Bukele lo presenta como una herramienta necesaria contra la violencia de las pandillas, pero HRW documenta que ha generado más de 93 000 detenciones, incluyendo a más de 3 000 niños y niñas, y ha llevado a una tasa de encarcelamiento del 2% de la población, una de las más altas del mundo.

Muchas personas son acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, figura legalmente vaga, y juzgadas en audiencias cerradas al público y sujetas a reserva judicial. Los abogados defensores entrevistados por HRW denunciaron que disponen de apenas 10 minutos en la audiencia inicial y 15 en la de sentencia para presentar su defensa, y que en algunos casos deben representar a decenas o cientos de acusados simultáneamente.

"Es macabro, necesitan que la máquina funcione como un reloj"

declara uno de los letrados consultados, describiendo el ritmo acelerado de los juicios que impide el respeto al debido proceso.

Según el informe, la fiscalía se basa en informes policiales no corroborados, incluyendo llamadas anónimas y testimonios de testigos protegidos cuyas identidades están ocultas incluso para la defensa. Algunos agentes admitieron a HRW que estos informes a menudo contienen pruebas fabricadas y que están bajo presión para cumplir cuotas de detenciones.

Los juicios se llevan ante los Tribunales contra el Crimen Organizado, creados mediante un proceso ad hoc y opaco por la Corte Suprema. Ni siquiera los abogados defensores conocen la identidad de los jueces que los integran, lo que, según HRW, refleja una falta de independencia judicial frente al Poder Ejecutivo.

HRW entrevistó a 15 abogados defensores, revisó cuatro acusaciones fiscales que involucran a más de 600 personas y analizó una sentencia que condenó a más de 120 individuos. La organización también consultó a representantes de la sociedad civil y revisó publicaciones oficiales y mediáticas sobre los juicios.

Además, la organización denunció abusos generalizados en centros de detención, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde se reportan hacinamiento extremo, violencia, falta de acceso a alimentos, agua y atención médica. Según la organización Cristosal, al menos 513 personas han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.

El informe concluye que muchos de los detenidos no tienen relación verificable con pandillas, y que el sistema actual prioriza la velocidad de condenas sobre la verdad y la justicia, afectando desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.