Gonzalo Castillo solicita nulidad de proceso judicial por corrupción

Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas, presentó este jueves una solicitud de nulidad absoluta del proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción. La petición, formalizada ante el Segundo Juzgado de la Instrucción, alega que el Ministerio Público incurrió en fraude procesal al presentar la acusación fuera del plazo legal establecido.

Fundamentos de la Solicitud de Nulidad

El equipo de defensa legal, integrado por Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas, argumenta que la Fiscalía depositó la acusación después del plazo límite del 30 de abril de 2024, fecha que había sido fijada mediante intimación expresa por el tribunal. Esta circunstancia, según los juristas, constituye una vulneración de las garantías procesales del acusado.

En un documento presentado ante la justicia, los abogados sostienen que el Ministerio Público construyó su caso basándose en acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados. En contraste, se mantiene la persecución penal contra Castillo.

Allegatos sobre Criterios de Oportunidad

Los defensores identificaron a tres individuos que, según su versión, fueron beneficiados con criterios de oportunidad pese a reconocer su participación directa en los hechos. Se trata de Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, señalados como organizadores del entramado bajo investigación.

El escrito legal hace referencia específica a conversaciones por WhatsApp que fueron incorporadas por la propia acusación. En estos intercambios, Fernando Crisóstomo informaba a Carlos Báez Batista sobre sus contactos y coordinaciones directas con actores influyentes dentro del Ministerio Público, según la defensa. Estos contactos habrían ocurrido antes de que existiera un juez apoderado del proceso, lo que plantea cuestionamientos sobre la regularidad de las actuaciones.

"El órgano acusador construyó su expediente a partir de acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados", afirmaron los abogados en su documento.

La investigación judicial acusa a tres exministros y a otras personas físicas y jurídicas de integrar una red que habría estafado al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos. El caso se enmarca en una serie de procesos por corrupción que involucran a figuras de la administración pública.

La solicitud de nulidad presentada por la defensa de Castillo representa un giro procesal significativo en este caso de alto perfil. El tribunal deberá ahora evaluar los argumentos esgrimidos sobre la presunta vulneración de plazos y la aplicación de criterios de oportunidad, antes de proceder con el fondo de la acusación por corrupción.