Gobierno regula inversiones digitales del Estado para mejorar eficiencia y seguridad

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de garantizar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración Pública se realicen de manera coordinada y alineadas con las políticas nacionales de transformación digital.

Este reglamento busca mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad entre sistemas, proteger los datos bajo responsabilidad del Estado y asegurar la sostenibilidad operativa, la calidad, la continuidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios públicos.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha sido designado como la autoridad de aplicación del reglamento, asumiendo la responsabilidad de coordinar los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas reguladas.

Entre sus funciones principales, el MAP garantizará que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada, interoperable y bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.

Medidas clave del nuevo reglamento

Una de las disposiciones más relevantes establece que todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación técnica previa emitido por el MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.

Además, mediante la Ley de Contrataciones Públicas, el MAP podrá coordinar licitaciones agregadas entre múltiples ministerios y direcciones públicas, permitiendo negociaciones a escala que generarán ahorros significativos para el erario nacional.

El decreto también crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el Ministerio de Administración Pública y conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

El reglamento prohíbe expresamente las cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o que limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos, reforzando así la soberanía digital y la protección de la información estatal.

Con esta medida, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la función pública y la construcción de un Gobierno Digital moderno, transparente, eficiente y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.