Gobierno elimina restricción de edad para licencias de conducir tras fallo del TC

El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha modificado el Reglamento de Licencias de Conducir mediante el Decreto 675-26, publicado el 29 de septiembre de 2026, para dar cumplimiento a la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional establecer restricciones a la vigencia de las licencias basadas exclusivamente en la edad.

Con esta medida, el presidente Luis Abinader derogó el anterior Decreto 330-26 y estableció una vigencia uniforme de cuatro años para todas las licencias y autorizaciones de conducir, cuyo vencimiento coincidirá con el día del cumpleaños del titular, tal como lo dispone el artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El decreto establece de forma explícita que la edad, por sí sola, no podrá ser utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia de conducir. En su lugar, la aptitud para conducir será evaluada mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación por razones de edad, conforme a las facultades otorgadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) por la Ley 63-17.

Asimismo, la nueva normativa precisa que la suspensión o cancelación de una licencia únicamente podrá ocurrir por las causales previstas en la legislación, entre ellas el incumplimiento de los requisitos exigidos o la acreditación, mediante certificado médico, de una imposibilidad permanente física o mental para conducir. Cualquier medida de este tipo deberá observar las garantías del debido proceso administrativo.

Con esta actualización reglamentaria, el Gobierno busca garantizar que los procesos de expedición y renovación de licencias se desarrollen bajo criterios objetivos, técnicos y no discriminatorios, alineándose con el mandato constitucional y evitando vacíos normativos que pudieran generar inseguridad jurídica para los ciudadanos.

El Decreto 675-26 reafirma el compromiso del Poder Ejecutivo de adecuar el marco reglamentario a las decisiones del Tribunal Constitucional, manteniendo las normas de tránsito y seguridad vial dentro del estricto respeto a la Constitución y la Ley 63-17.