Gobierno dominicano ajusta políticas tras presión ciudadana: casos recientes

El Gobierno dominicano ha modificado o retirado iniciativas tras enfrentar rechazo ciudadano, según un análisis de casos ocurridos durante la presidencia de Luis Abinader, quien asumió el cargo en agosto de 2020. Estos episodios incluyen proyectos legislativos, medidas administrativas y decisiones de política pública que fueron revisadas, suspendidas o reformuladas tras expresiones de desacuerdo por parte de diversos sectores sociales.

Uno de los casos más recientes se refiere al Código Penal, cuya versión actual fue promulgada como Ley 74-25 el 3 de agosto de 2025, con entrada en vigor prevista para el 3 de agosto de 2026. La norma generó debate por artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación, la difusión de imágenes sin consentimiento, el ultraje a funcionarios públicos y el ciberacoso, los cuales fueron considerados ambiguos o potencialmente lesivos para derechos fundamentales por organizaciones periodísticas, juristas y grupos de la sociedad civil.

Las críticas coincidieron con jornadas de cacerolazos y manifestaciones, incluyendo una concentración en la Plaza de la Bandera. Parte de las protestas se enfocó en disposiciones específicas del Código Penal, mientras otras incorporaron reclamos más amplios sobre el costo de vida, los precios de los combustibles y presuntos excesos policiales.

Ante la presión, el Poder Ejecutivo depositó el 10 de julio de 2026 un proyecto para modificar 18 artículos del Código Penal, abordando temas como libertad de prensa, protección de menores, delitos sexuales, corrupción administrativa y aspectos técnicos de la legislación. La iniciativa aún debe ser estudiada y aprobada por el Congreso Nacional, mientras una comisión bicameral continúa recibiendo observaciones de diversos sectores antes de la entrada en vigencia de la normativa.

El Gobierno indicó que el proceso de revisión había comenzado aproximadamente cinco semanas antes del anuncio, mediante reuniones con comunicadores, juristas y organizaciones sociales. El presidente Abinader reconoció que dicho diálogo debió iniciarse antes y asumió responsabilidad por la demora, señalando que las protestas fueron parte de una presión acumulada, pero no necesariamente la única causa de la rectificación.

Otro episodio significativo ocurrió el 4 de mayo de 2026, cuando el presidente Abinader ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en la provincia de San Juan. La decisión siguió a una amplia movilización comunitaria, en la que participaron agricultores, ambientalistas, iglesias y residentes preocupados por el posible impacto de la explotación de oro y cobre sobre la presa de Sabaneta, los ríos, los terrenos agrícolas y otras fuentes de agua de la zona.

Las autoridades aclararon que el proyecto se encontraba en etapa de evaluación y no contaba con autorización para iniciar operaciones de explotación. Al anunciar la suspensión, el mandatario sostuvo que una iniciativa de esa naturaleza no podía continuar frente al rechazo expresado por la población. Aunque no se trataba de un proyecto de ley, sino de un procedimiento administrativo y ambiental, el caso representa uno de los ejemplos más directos de una decisión gubernamental modificada tras una protesta territorial de gran alcance.

Además, la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue promulgada el 15 de enero de 2024, recibió cuestionamientos inmediatos de periodistas, juristas, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y organizaciones de la sociedad civil. Las principales preocupaciones se centraron en las facultades de la DNI para solicitar información a instituciones públicas, empresas y ciudadanos, así como en sus posibles efectos sobre la privacidad, el secreto profesional, la protección de fuentes periodísticas y la libertad de prensa.

Ante las críticas y las acciones de inconstitucionalidad presentadas, el Gobierno abrió una mesa de trabajo con representantes de diversos sectores para revisar la normativa. Aunque el contenido original se corta en este punto, el caso se incluye como parte del patrón de ajustes gubernamentales en respuesta a la presión social y técnica.

Si bien ninguno de estos cambios puede atribuirse exclusivamente a las protestas —ya que en algunos también influyeron factores económicos, negociaciones políticas, observaciones técnicas o decisiones judiciales— todos comparten un elemento común: la reacción previa de sectores sociales, profesionales, empresariales o comunitarios precedió modificaciones importantes en la posición del Gobierno.