Gobierno de Trump investiga disparos de ICE contra migrante venezolano que repartía comida

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre un incidente en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra un migrante venezolano que repartía comida en situación de calle, según confirmaron fuentes oficiales el 21 de septiembre de 2026.

El individuo afectado, identificado como un hombre venezolano de aproximadamente 30 años, se encontraba distribuyendo alimentos a personas en situación de vulnerabilidad en un área urbana cuando fue abordado por agentes de ICE. Según testigos presenciales y grabaciones preliminares, el migrante no portaba armas ni ofrecía resistencia física al momento del enfrentamiento.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE confirmó que está revisando el uso de la fuerza por parte de sus agentes en este caso específico, señalando que todos los incidentes que involucran descargas de armas están sujetos a revisión interna y posible remisión al Departamento de Justicia para investigación criminal.

Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes han condenado el incidente, exigiendo transparencia total y responsabilización de los agentes involucrados. Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes solicitaron la liberación inmediata de las grabaciones de cámaras corporales y el nombramiento de un fiscal independiente.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado si el migrante sobrevivió al ataque ni se han divulgado detalles sobre su estatus migratorio exacto o posibles cargos pendientes. ICE declaró que no puede proporcionar información adicional mientras dure la investigación activa para no comprometer el proceso.

El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han generado debate nacional sobre los protocolos de uso de fuerza por parte de agencias de inmigración, particularmente en interacciones con personas que no representan una amenaza inmediata. Expertos en políticas migratorias señalan que este tipo de eventos erosionan la confianza pública y plantean serias preguntas sobre la capacitación y supervisión de los agentes en campo.