Gobierno de Kast impulsa medidas que debilitan políticas de derechos humanos en Chile

El gobierno de José Antonio Kast ha implementado una serie de medidas que generan preocupación por su impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia relacionadas con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Estas acciones, denunciadas por expertos y organizaciones de la sociedad civil, incluyen el desmantelamiento de programas estatales, la reducción de financiamiento a sitios de memoria y cambios en la participación del Estado en procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.

Una de las primeras acciones del gobierno fue la reestructuración del programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que había sido impulsado por la administración anterior de Gabriel Boric y incluía el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Según fuentes oficiales y testimonios recogidos, este programa fue desactivado, lo que afecta directamente las investigaciones en curso sobre el paradero de víctimas de la represión política.

Además, se ha retrasado la entrega de recursos aprobados en el presupuesto de 2025 para los sitios de memoria, con anuncios de que los fondos podrían reducirse a partir de 2027. Esta decisión ha sido interpretada por actores del ámbito de los derechos humanos como parte de una estrategia progresiva de debilitamiento institucional.

El gobierno también ordenó a los abogados del Ministerio de Justicia que no actúen como querellantes en procesos judiciales donde personas condenadas por crímenes de lesa humanidad solicitan beneficios como libertad condicional o reducción de pena. Esta directriz limita la participación activa del Estado en la defensa de los derechos de las víctimas y sus familias.

Otra medida controvertida es la decisión de no impulsar un sitio de memoria en la Colonia Dignidad, un complejo ubicado en la región de Maule que funcionó como centro de tortura y exterminio durante la dictadura y que también estuvo vinculado a redes de abuso infantil. El gobierno alemán, que había comprometido financiamiento conjunto para el proyecto, ha expresado su preocupación ante esta postura.

Estas acciones han sido criticadas por figuras como Claudio Nash, coordinador de la cátedra de derechos humanos de la Universidad de Chile, quien advirtió que se trata de "una estrategia coordinada de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad de protección de derechos humanos". Nash enfatizó que va más allá del negacionismo y representa una reversión deliberada de las obligaciones estatales asumidas tras el retorno a la democracia en materia de memoria, verdad y no repetición.

El abogado Nelson Caucoto, con más de 300 causas de derechos humanos en su historial, atribuyó estas políticas al ideario del gobierno, afirmando que las autoridades actuales son "completamente refractarias" a esta temática, comenzando por el presidente, quien ha manifestado públicamente su defensa del legado de Pinochet.

Caucoto también denunció el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, elaborado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la sociedad civil chilena, que incluía medidas de igualdad, no discriminación, memoria histórica y justicia transicional. Según el abogado, el gobierno lo retiró para someterlo a ajustes cuyo contenido no ha sido especificado, lo que genera inquietud dado el interés de la ONU en su implementación.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), creado en 2009 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ha enfrentado crecientes cuestionamientos por parte de sectores conservadores y ultraconservadores, incluido el Partido Republicano, fundado por Kast y actualmente aliado del gobierno. Su presidente, el senador Arturo Squella, acusó al INDH de tener un sesgo ideológico y de persecución sistemática contra Carabineros, sugiriendo que su cierre sería la única vía viable.

Yerko Ljubetic, director del INDH, respondió que está abierto a una reforma institucional, siempre que no se neutralice su rol autónomo y pluralista en la protección de los derechos humanos y su contribución a la democracia.