Fuerza del Pueblo denuncia inacción gubernamental frente a delitos ambientales

Fuerza del Pueblo acusó al Gobierno del PRM de ser el principal responsable de la degradación ambiental en la República Dominicana, pese a las medidas anunciadas para combatir delitos contra el medio ambiente. El partido opositor sostiene que el Ejecutivo está duplicando sanciones ya existentes en lugar de fortalecer la aplicación de la ley.

Paíno Abreu Collado, secretario de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo, cuestionó la utilidad del decreto presidencial que prohíbe acciones ya tipificadas como delitos en el nuevo Código Penal. Según Abreu, el artículo 265 de la Ley 74-25 establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos para quienes provoquen incendios intencionales en bosques, reservas, nacimientos de ríos y áreas protegidas.

El dirigente político enfatizó que el problema no es la falta de legislación, sino la incapacidad del Estado para hacerla cumplir. Entre 2020 y 2025 se reportaron 2.558 incendios, gran parte de ellos provocados, y 11.970 delitos relacionados con tala ilegal de árboles y vertederos improvisados. De estos casos, solo se registraron 219 condenas, lo que representa menos del 2 %.

"El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas’", manifestó Abreu.

Abreu citó como ejemplo las disposiciones sobre las Cuevas del Pomier, área ya protegida por la Ley 202-04, y criticó que el Gobierno esté creando nuevas normas sin abordar las fallas estructurales en fiscalización y sanción.

El secretario de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo propuso que, en lugar de emitir nuevos decretos, el Gobierno debería invertir en recursos humanos y tecnológicos para la protección ambiental. Esto incluye mejorar las condiciones de guardaparques, guardabosques y bomberos forestales, proporcionarles entrenamiento, equipos modernos y tecnología, así como rescatar viveros y brigadas forestales.

Además, Abreu urged intervenir en las cuencas hidrográficas con altos niveles de deforestación para reducir la erosión del suelo y aumentar su capacidad de retención de agua. También denunció que se han flexibilizado los procedimientos para otorgar permisos ambientales, autorizando miles de proyectos estatales y privados sin la documentación requerida previamente.

El dirigente opositor recordó que las leyes 64-00 (Medio Ambiente y Recursos Naturales), 202-04 (Sectorial de Áreas Protegidas) y el nuevo Código Penal ya contienen disposiciones suficientes para perseguir y sancionar los ilícitos ambientales. Señaló que el propio decreto presidencial reconoce que no crea un nuevo tipo penal ni modifica los elementos de los delitos vigentes.