Fiscalía de Hermanas Mirabal destruye 34 máquinas tragamonedas y evidencia de operativos

La Fiscalía de Hermanas Mirabal llevó a cabo la destrucción de 34 máquinas tragamonedas y decenas de objetos ocupados durante operativos conjuntos realizados en la provincia, tras ser declarados inservibles por no estar vinculados a procesos judiciales activos. La acción se enmarca en el protocolo de manejo de evidencia no útil para investigaciones en curso.

Entre los artículos destruidos se encuentran 20 bultos, 10 balanzas, nueve impresoras de números, ocho coladores, seis tijeras, cinco radios de comunicación, dos cámaras, dos pistolas de juguete y un DVR. Todos estos elementos permanecían bajo custodia del Ministerio Público desde su incautación en diversos operativos antidrogas y de control.

Los objetos fueron ocupados en acciones desarrolladas de manera conjunta por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y otros organismos de seguridad del Estado.

La jornada fue encabezada por la fiscal titular de Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez Ynfante, quien estuvo acompañada por miembros de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público de esa demarcación. La actividad inició en la explanada de la Fiscalía local antes de proceder al traslado de los materiales.

Tras el inicio del proceso, los objetos fueron trasladados a la Zona de Transferencia para el tratamiento de desechos del Ayuntamiento de Tenares, donde fueron sometidos a trituración previa a su disposición final. Posteriormente, los restos fueron enviados al vertedero de San Francisco de Macorís, ubicado en la provincia Duarte, para su enterramiento definitivo conforme a las normas ambientales y de seguridad vigentes.

Con esta acción, las autoridades refuerzan su compromiso con el manejo transparente y responsable de la evidencia incautada, evitando su posible reutilización ilegal y garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el sistema de justicia dominicano.