Fiscalía de Santa Cruz ordena aprehensión de Evo Morales por bloqueos de 2025

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales Ayma por su presunta participación en los bloqueos de carreteras ocurridos durante 2025. La medida se suma a otra orden de captura vigente en su contra por un caso distinto de presunta trata de personas agravada.

La orden fue emitida por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción y Delitos Tributarios y Aduaneros de Santa Cruz, tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz con respaldo del Ministerio de Gobierno. Según la investigación, Morales habría tenido un papel relevante en la organización y promoción de los bloqueos que afectaron el tránsito nacional durante 53 días consecutivos.

Los bloqueos de 2025 provocaron interrupciones en las principales rutas del país, dificultando el transporte de combustibles, alimentos y productos básicos, además de generar pérdidas económicas en múltiples regiones. Las autoridades sostienen que las movilizaciones vulneraron el orden público y obstaculizaron servicios esenciales, mientras que simpatizantes de Morales argumentan que las protestas respondieron a demandas políticas y sociales legítimas.

El mandamiento judicial instruye a la Policía Boliviana detener a Morales para ponerlo a disposición del Ministerio Público, que lo investiga por presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y obstaculización de vías, entre otros contemplados en el Código Penal boliviano.

Esta nueva orden corresponde a un expediente distinto del proceso que enfrenta en Tarija por el presunto delito de trata de personas agravada. En ese caso, la Fiscalía investiga una supuesta relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial, de la cual habría nacido una hija. Los fiscales sostienen que la menor fue entregada al entonces mandatario como parte de un esquema de favorecimiento político, acusaciones que Morales rechaza y califica de persecución judicial.

En mayo de 2026, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio oral por el caso de trata de personas, ordenando su captura. Esa medida permanece vigente y es independiente de la orden emitida ahora por la Fiscalía de Santa Cruz.

Con esta nueva decisión judicial, el expresidente enfrenta actualmente dos órdenes de aprehensión en procesos separados: una por el caso de presunta trata de personas agravada y otra por la investigación relacionada con los bloqueos de carreteras de 2025.

La actuación judicial se produce en un contexto de alta confrontación política entre el Gobierno boliviano y el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien mantiene influencia en organizaciones campesinas y cocaleras, especialmente en la región del Chapare. El Gobierno ha reiterado que las órdenes judiciales deben cumplirse conforme a la ley cuando existan las condiciones para ejecutarlas, mientras Morales sostiene que los procesos en su contra buscan impedir su participación en la vida política del país.

Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y, desde su salida del poder, enfrenta diversos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía boliviana. El expresidente niega todas las acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra, mientras las autoridades afirman que las investigaciones responden exclusivamente a actuaciones del sistema judicial.