Fiscal de la PEPCA acusado formalmente de soborno y extorsión

El Ministerio Público presentó acusación formal contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, integrante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por presuntos delitos de soborno, extorsión y lavado de activos. La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Manuel Camacho y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte.

Según el expediente, los hechos ocurrieron mientras Valdez Alcántara participaba en la investigación de un supuesto entramado de corrupción administrativa vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), iniciado a mediados de 2024. Durante dicho proceso, el fiscal interrogó en diciembre de 2024 a una persona bajo investigación, obtuvo su número telefónico y comenzó a comunicarse con él mediante WhatsApp.

El Ministerio Público sostiene que, tras varias acciones calificadas de intimidatorias, Valdez Alcántara ofreció ayudar al investigado a cambio de beneficios económicos. Inicialmente solicitó US$200,000, cantidad que posteriormente se redujo a US$150,000, y expresó interés en recibir un reloj Rolex y un automóvil Mercedes-Benz.

Finalmente, se acordó la entrega de US$10,000 como parte de la negociación, la cual se realizó en marzo de 2025 bajo un operativo controlado. Tras la entrega, se ejecutó una orden de arresto contra el fiscal, quien fue puesto a disposición de la justicia.

En mayo de 2025, se le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. Esta medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó para el 3 de septiembre de 2025 la revisión obligatoria de la prisión preventiva.

Además de solicitar la apertura a juicio, el Ministerio Público pidió mantener la medida de coerción mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que continúen vigentes las medidas cautelares sobre los bienes del acusado.

La acusación atribuye a Valdez Alcántara violaciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano, así como de varias disposiciones de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.