Familias dominicanas exigen aplicación efectiva de la Ley 34-23 sobre autismo

Las familias de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en República Dominicana denuncian la falta de aplicación efectiva de la Ley 34-23, pese a su promulgación hace tres años, lo que las obliga a asumir costos elevados y enfrentar barreras sistémicas para acceder a servicios esenciales.

Según la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, la ausencia de estadísticas oficiales sobre la población menor con TEA y otras condiciones del neurodesarrollo dificulta la formulación de políticas públicas eficientes, una realidad que las familias viven diariamente.

Margarita Quiroz, periodista y madre de una adolescente con TEA, integrante de la Mesa del Diálogo por el Autismo, describe la situación como "dramática" y señala que, aunque la ley existe en papel, no cuenta con asignación presupuestaria para su ejecución, dejando a las familias sin el apoyo estatal necesario.

Las familias no piden ayuda económica directa, sino respaldo para garantizar una vida autónoma a sus hijos, mediante el cumplimiento de las obligaciones del Estado en áreas como educación, salud y discapacidad, incluyendo los Ministerios de Educación y Salud Pública y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Exigen la creación de un registro nacional actualizado de menores con TEA, argumentando que, sin datos precisos, no es posible planificar intervenciones adecuadas.

Según Quiroz, el costo mensual promedio para atender a una persona con TEA supera los 100,000 pesos dominicanos, incluyendo medicamentos, terapias por hora (que suelen requerir múltiples sesiones semanales), alimentación especializada, tratamientos psiquiátricos y estudios neurológicos.

Esta carga recae casi exclusivamente en las familias, agravada por el hecho de que muchas son encabezadas por madres solteras, ya sea por abandono, viudez o separación, lo que intensifica el desgaste emocional y económico.

El pasado 5 de junio, la Mesa de Diálogo por el Autismo, liderada por Fernando Quiróz (hermano de Margarita), denunció que se cumplían tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sin que el Estado haya ejecutado aspectos esenciales de la normativa, pese a su impacto en miles de familias.

Entre los principales incumplimientos identificados por la Mesa están: la ausencia de asignación presupuestaria específica, la falta de un registro nacional actualizado, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales, la ausencia de una red nacional especializada de servicios y los obstáculos persistentes para acceder a una educación inclusiva de calidad.

Aunque el presidente Luis Abinader señaló en julio de 2025 que se buscarían recursos en el Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley en 2026, las familias aún esperan conocer las partidas, programas y acciones concretas que garanticen los derechos establecidos en la legislación.

Las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas, consultas médicas y servicios de apoyo siguen siendo inalcanzables para gran parte de la población, convirtiendo el acceso en un privilegio reservado para quienes pueden afrontarlos económicamente.

La única excepción mencionada es el programa SeNaSa InTEgrA, que cubre a 3,000 niños hasta los 10 años, pero cuya alcance es limitado y no sustituye las obligaciones integrales de la Ley 34-23.

La Mesa concluye que, aunque la República Dominicana cuenta con una ley y su reglamento, miles de familias continúan enfrentando solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la legislación pretende eliminar, manteniendo un escenario de desamparo que vulnera los derechos de las personas con TEA y sus entornos familiares.