Familiares exigen condena por homicidio voluntario en juicio por derrumbe del Jet Set

Familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe de la discoteca Jet Set solicitaron este viernes una condena ejemplar contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, al iniciar el juicio de fondo por la tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el 8 de abril de 2025.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público presentó la acusación contra los hermanos Espaillat, quienes actualmente están procesados por homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.

Sin embargo, los querellantes insisten en que los hechos deben ser calificados como homicidio voluntario, argumentando que los acusados tenían conocimiento previo del deterioro estructural del inmueble, considerado durante años un ícono del entretenimiento nocturno en Santo Domingo. De prosperar esta clasificación, la pena podría aumentar a un rango de 20 a 30 años de prisión.

Durante la sesión, Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, declaró que "el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set", añadiendo que la estructura "no tenía columna y estaba llena de plantas eléctricas".

El Ministerio Público sostuvo que la discoteca "operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados".

"La tragedia ocurrió por negligencia, por descuido. Eso no tenía columna y el techo estaba lleno de plantas eléctricas",

afirmó una asistente a la audiencia que pidió al tribunal una condena ejemplar contra los hermanos Espaillat.

Por su parte, Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe e integrante del Movimiento de Justicia Jet Set, valoró el inicio del proceso tras una larga espera, pero reiteró la necesidad de tipificar el caso como homicidio voluntario.

El 15 de junio, durante la audiencia preliminar, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción contra los imputados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país. Además, se ordenó la inmovilización de bienes por hasta 500 millones de pesos (aproximadamente 8,3 millones de dólares) como medida cautelar.

El derrumbe ocurrió en la madrugada del 8 de abril, mientras cientos de personas asistían a un concierto del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció en el siniestro junto con un miembro de su orquesta. Entre las víctimas también estuvieron el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Asimismo, perdieron la vida 18 venezolanos, tres hispanodominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano, reflejando el carácter internacional de la tragedia.