Expertos advierten que nuevas penas por feminicidio no resuelven causas estructurales

Santo Domingo. Tras la entrada en vigor de la Ley 74-25 el pasado 3 de agosto, que sustituyó el antiguo Código Penal de 1884, expertos en derecho y psicología coincidieron en que, aunque las nuevas penas por feminicidio representan un avance legal, no abordan por sí solas las causas profundas de la violencia contra las mujeres.

Edward Moya, abogado, y Amaury Ramírez, psicólogo, analizaron el tema durante un debate sobre violencia de género, señalando que el artículo 93 del nuevo Código Penal establece una pena de 30 a 40 años de prisión por feminicidio simple, mientras que el artículo 94 prevé una pena fija de 40 años en casos agravados, como cuando la víctima es niña, adolescente, persona mayor, mujer con discapacidad, o cuando el crimen ocurre frente a familiares o menores.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha defendido la reforma como necesaria para tipificar delitos que el marco legal anterior no contemplaba adecuadamente, afirmando en julio que el Código Penal de 1884 está obsoleto para tipificar crímenes del 2026.

Sin embargo, Ramírez cuestionó la efectividad de una respuesta exclusivamente penal, afirmando que "colocar un artículo 93 del feminicidio no va a resolver la problemática" y advirtiendo sobre la existencia de una "cultura penalista" que prioriza el enjuiciamiento sobre la prevención.

Según el psicólogo, el Código Penal debe entenderse como una herramienta para actuar cuando el delito ya ocurrió, no como mecanismo principal para evitarlo, y señaló que "los códigos, las leyes se ponen como último eslabón de una consecuencia", interviniendo solo cuando el conflicto ya llegó a instancia penal.

Ramírez también criticó la "miopía de género" en las políticas públicas, que, según él, excluye al hombre como agente de cambio y reduce la violencia de género exclusivamente al machismo y al patriarcado, ignorando factores como los celos patológicos, consumo de alcohol y drogas, dependencia emocional, baja capacidad de autocontrol y dificultad para manejar la frustración, que deben integrarse en estrategias de prevención.

La preocupación por la prevención fue respaldada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien en mayo admitted que "hemos avanzado, pero al mismo tiempo también hemos fallado como sistema para dar respuestas en materia preventiva".

Como alternativa, Moya propuso crear un Ministerio Familiar o una estructura estatal integrada por Policía, Ministerio Público, psicólogos, personal de salud y jueces para intervenir temprano en situaciones de violencia antes de que desemboquen en feminicidio.

Así, mientras el nuevo Código Penal refuerza la respuesta punitiva, los expertos coinciden en que el verdadero desafío radica en desarrollar mecanismos que actúen antes de que el caso llegue al sistema penal, es decir, en la prevención integral.