Experto en derecho rechaza intercambios de disparos de la PN y exige respeto al debido proceso

Jonathan Del Rosario, experto en derecho administrativo y procedimiento civil, rechazó categóricamente los intercambios de disparos realizados por la Policía Nacional (PN), señalando que el uso de armas letales requiere una justificación legal estricta y transparente, y no puede convertirse en la primera respuesta ante la delincuencia.

Durante su participación como invitado central en el programa matutino El Día, el jurista advirtió que la sociedad ha enfocado erróneamente su atención en la eliminación física de presuntos delincuentes, asumiendo de manera equivocada que esta práctica representa la única solución disponible para combatir la creciente criminalidad en el país.

Del Rosario exhortó a la población a rechazar estas violentas acciones, argumentando que "el ciudadano no puede aplaudir esos actos", ya que algún miembro policial corrompido podría aprovechar esta situación para quitarle la vida a un contrario, escudándose maliciosamente en sus funciones oficiales como garante de la ley.

Sobre la responsabilidad institucional, el abogado indicó que los agentes deben agotar todas las etapas preventivas antes de recurrir al uso del arma letal, explicando que "el quinto nivel, que es el uso del arma letal, es cuando se encuentre su vida en riesgo" durante un operativo.

Al referirse a las debilidades operativas de la institución, lamentó públicamente la existencia de miembros de la Policía Nacional que, siendo uniformados, tienen connivencia con delitos, lo que lógicamente agrava la desconfianza ciudadana frente a un proceso de reforma que aún no logra cambios sustanciales en la mentalidad de las tropas.

Para frenar los constantes atropellos institucionales, detalló que los familiares de las víctimas tienen el legítimo derecho de acudir a la Defensoría del Pueblo o buscar asistencia legal privada para depositar en el Tribunal Superior Administrativo y exigir justas reparaciones económicas y morales frente a las graves faltas cometidas por el Estado dominicano.

Finalmente, el constitucionalista aclaró que exigir el fiel cumplimiento de las leyes vigentes "no se trata de defender a un delincuente, se trata de defender el legítimo proceso", buscando siempre salvaguardar los derechos fundamentales que protegen a todos los ciudadanos por igual frente al inmenso poder estatal.