Exigen renuncia a autoridades de Puerto Rico por compartir datos de migrantes con EE. UU.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores locales han exigido la renuncia inmediata de autoridades de Puerto Rico tras revelarse que entregaron información personal de 6.321 migrantes a agencias federales de Estados Unidos sin el debido proceso legal.

Según denuncias presentadas ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico, los datos compartidos incluyeron nombres completos, direcciones, números de identificación y estatus migratorio de personas detenidas en centros de procesamiento entre enero y septiembre de 2026. La transferencia se realizó mediante un acuerdo no divulgado entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La coalición Alianza por los Derechos de los Migrantes señaló que esta acción viola la Constitución de Puerto Rico, que protege la privacidad de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su estatus migratorio. Además, advirtieron que el intercambio de información podría facilitar deportaciones masivas y poner en riesgo a solicitantes de asilo.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró en una conferencia de prensa que la entrega de datos fue realizada "bajo protocolos de cooperación federal" y que no hubo intención de ocultar la acción. Sin embargo, no especificó qué autoridad autorizó la transferencia ni si contó con aprobación legislativa.

Por su parte, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, anunció que se iniciará una investigación formal en la Comisión de Asuntos Jurídicos para determinar si hubo violación a la Ley de Protección de Datos Personales de 2008 y si corresponde iniciar un proceso de destitución contra los funcionarios involucrados.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por el caso, señalando que establece un precedente peligroso para la cooperación entre territorios no incorporados y agencias federales en materia migratoria. Exigen transparencia total y sanciones ejemplares para quienes autorizaron la transferencia de información sensible.