Evo Morales rechaza orden de captura y acusa al gobierno de usar la justicia para ocultar crisis

Evo Morales rechazó este miércoles la nueva orden de captura emitida en su contra por el gobierno boliviano, asegurando que las autoridades no lo van a intimidar y que continuarán luchando junto al pueblo por un país con dignidad y justicia social. El expresidente (2006-2019) hizo estas declaraciones a través de su cuenta en X, donde denunció que la medida responde a una estrategia para desviar la atención de la profunda crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

Según Morales, el gobierno busca responsabilizarlo de las movilizaciones sociales registradas entre mayo y junio para ocultar el verdadero drama nacional: un modelo económico que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción. Afirmó que seguirá luchando con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto, basado en la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todos sus ciudadanos.

Denuncias y cargos en su contra

La Fiscalía boliviana investiga a Morales por los presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. El caso incluye a otros dos dirigentes sindicales y fue iniciado por una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico del país, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno (Interior).

Contexto de las protestas y su impacto

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estas protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos (13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos) y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

Morales ha negado haber promovido directamente la renuncia de Paz, aunque el 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo "dos caminos": militarizar el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para restablecer la circulación.

Situación actual y otros procesos judiciales

Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por cientos de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura relacionada con una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, se le acusa de presunta relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija mientras ejercía la presidencia en 2016.

En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura por no presentarse al inicio del juicio por dicho caso. El expresidente sostiene que todas las acciones judiciales en su contra son motivadas políticamente y forman parte de una persecución sistemática.