Esperanza Democrática propone reformas al Código Penal para fortalecer seguridad jurídica

Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), remitió formalmente al Congreso Nacional un paquete de reformas al nuevo Código Penal dominicano, con el objetivo de fortalecer la legislación penal y adaptarla a los desafíos jurídicos, tecnológicos y de seguridad del país.

Las propuestas fueron enviadas mediante una comunicación dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, acompañada de un documento técnico-jurídico que sustenta cada recomendación con fundamentos constitucionales, legales y de derecho comparado. En la carta, el PED reconoce el esfuerzo legislativo por aprobar un nuevo Código Penal tras más de un siglo de vigencia del anterior, pero sostiene que dicha normativa puede ser perfeccionada mediante una revisión responsable.

Entre las iniciativas destacadas figura la eliminación de cualquier régimen de protección penal especial para funcionarios públicos frente a expresiones ofensivas. El partido argumenta que quienes administran recursos públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio ciudadano, sin privilegios penales superiores a los de cualquier ciudadano.

Otra propuesta clave es la reforma integral del régimen de difamación e injuria. El PED plantea sustituir el esquema actual por un sistema escalonado que diferencie entre insulto simple, injuria, difamación negligente, difamación dolosa y difamación agravada, permitiendo sanciones proporcionales al daño causado. Se reservarían las penas más severas para campañas organizadas de difamación, especialmente aquellas que involucren tecnologías como inteligencia artificial, falsificación documental o deepfakes.

En materia de protección de la vida, el partido propone revisar las disposiciones sobre el aborto para eliminar las eximentes de responsabilidad penal y mantener una protección uniforme del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Paralelamente, plantea fortalecer las políticas públicas de atención médica, apoyo psicológico, asistencia social y acompañamiento integral para mujeres embarazadas.

El documento también recomienda incorporar nuevas figuras penales para sancionar con mayor severidad la colaboración dolosa con la inmigración ilegal organizada. Se proponen sanciones agravadas para funcionarios públicos, militares, autoridades migratorias o miembros de organismos de seguridad que faciliten el ingreso ilegal de extranjeros, participen en redes de tráfico de migrantes o utilicen sus funciones para obstaculizar la aplicación de la legislación migratoria, considerando que estas conductas afectan directamente la soberanía nacional.

Asimismo, se sugiere actualizar el Código Penal frente a los desafíos tecnológicos mediante la incorporación de agravantes para delitos cometidos utilizando inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imágenes, videos alterados y otras herramientas digitales capaces de facilitar fraudes, extorsiones, desinformación y manipulación electoral.

En el ámbito de la corrupción administrativa, el PED propone endurecer las sanciones mediante inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas en casos graves, decomiso ampliado de bienes obtenidos ilícitamente y fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial de los condenados. También plantea aumentar las penas por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando involucren docentes, religiosos, tutores o funcionarios públicos, y reforzar la persecución de delitos perpetrados mediante plataformas digitales.

Finalmente, Ramfis Domínguez Trujillo reiteró la disposición del Partido Esperanza Democrática de comparecer ante las comisiones legislativas correspondientes para desarrollar técnicamente cada propuesta y colaborar con el Congreso Nacional en el análisis y perfeccionamiento del nuevo Código Penal, con el objetivo de contribuir a una legislación moderna, coherente y alineada con los principios constitucionales y los desafíos del siglo XXI.