EE.UU. refuerza control sobre agencias matrimoniales internacionales para prevenir fraudes y explotación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una nueva norma que endurece la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional (IMBRA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de prevenir fraudes matrimoniales y la explotación de inmigrantes por parte de intermediarios que operan entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

La norma, publicada este martes en el Registro Federal, establece un procedimiento formal para investigar, adjudicar y sancionar las presuntas violaciones de la IMBRA, una ley de 2005 diseñada para proteger a los ciudadanos extranjeros que buscan casarse con estadounidenses o residentes permanentes legales.

Las agencias matrimoniales internacionales (IMB) están obligadas por ley a proporcionar a los extranjeros información esencial sobre sus futuras parejas, incluyendo antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y historial matrimonial previo. Esta información debe entregarse en el idioma nativo del solicitante, junto con detalles sobre sus derechos legales y los recursos disponibles, y debe ir acompañada de un consentimiento por escrito.

Además, la IMBRA prohíbe expresamente que estas agencias compartan información de contacto, fotografías o datos personales de menores de dieciocho años, una medida destinada a prevenir la explotación infantil y el tráfico de personas bajo el disfraz de servicios de citas o matrimonio.

El principal cambio introducido por la nueva norma es la creación de un mecanismo oficial de aplicación que permite al Departamento de Justicia actuar de manera más efectiva frente a las empresas que no cumplen con sus obligaciones. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 5,000 y 25,000 dólares, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Según el DOJ, la medida es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y proteger a los inmigrantes vulnerables que pueden ser engañados o explotados por intermediarios que priorizan el lucro sobre la seguridad y la transparencia.

Las agencias afectadas por esta regulación son aquellas que cobran honorarios por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación matrimonial que conectan a ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU. con personas extranjeras, ya sea mediante plataformas en línea, oficinas físicas o redes de contactos internacionales.