EE.UU. reduce a diez días el plazo para que refugiados defiendan su estatus

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado una reducción significativa en el tiempo que tienen los refugiados para defender su estatus migratorio, pasando de 30 a 10 días para presentar pruebas y argumentos ante una notificación de posible retirada de protección.

Según el documento oficial del DHS, la medida busca "restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar riesgos a la seguridad pública y nacional, y prevenir el fraude". La normativa afecta directamente el proceso mediante el cual las autoridades evalúan si un refugiado cumplía los requisitos al momento de su admisión en el país, requisito necesario para mantener su estatus.

Si tras el plazo reducido las autoridades consideran insuficientes las pruebas presentadas, pueden proceder a retirar el estatus de refugiado e iniciar un proceso de deportación. Este cambio ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de deportaciones aceleradas a países donde los individuos podrían enfrentar persecución.

International Refugee Assistance Project (IRAP) ha rechazado públicamente la modificación, señalando que facilita "deportaciones masivas" de personas admitidas legalmente. En un comunicado, la organización denunció que, desde inicios de año, la Administración Trump ha estado "persiguiendo a refugiados y deteniéndolos ilegalmente", citando casos de personas provenientes de Ruanda, Irak y Afganistán.

IRAP también ha presentado demandas contra el gobierno por estas detenciones y intentos de deportación. La vicepresidenta de programas legales de IRAP, Laurie Ball Cooper, advirtió que el plazo de diez días convierte el proceso en una "mera formalidad" para quitar el estatus a refugiados que viven legalmente en el país y enviarlos a lugares donde podrían sufrir daño grave.

El contexto migratorio actual incluye otras medidas restrictivas: la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, la eliminación de programas de permiso humanitario y el aumento en el rechazo de solicitudes de asilo sin audiencias completas. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), durante el primer año del segundo mandato de Trump, 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal en Estados Unidos.

El proceso para obtener el estatus de refugiado puede tardar años y requiere pasar por el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. (USRAP), entrevistas rigurosas y múltiples controles de seguridad realizados por agencias federales. Los solicitantes suelen ser referidos por la ONU, embajadas estadounidenses u ONG autorizadas.