EE.UU. evalúa prohibir exportaciones de diésel por 90 días antes de elecciones

El gobierno de Donald Trump está considerando implementar una medida temporal que prohibiría las exportaciones de diésel durante 90 días, con el objetivo de estabilizar los precios internos de combustible previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2026. La propuesta, aún en fase de análisis, busca mitigar el impacto de la volatilidad en los mercados energéticos y garantizar el abastecimiento doméstico durante un periodo políticamente sensible.

Según fuentes cercanas a la administración consultadas por medios especializados, la restricción aplicaría a todas las exportaciones de diésel proveniente de refinerías estadounidenses, afectando principalmente a mercados en Latinoamérica y Europa, regiones que históricamente han dependido de los combustibles producidos en la Costa del Golfo. La medida no afectaría las importaciones de crudo ni otros derivados como la gasolina.

El análisis interno del Departamento de Energía sugiere que una suspensión temporal de las exportaciones podría reducir los precios del diésel en el mercado interno entre un 5% y un 8%, según modelos basados en niveles actuales de inventario y demanda estacional. Sin embargo, expertos del sector advierten que dicha intervención podría generar distorsiones en las cadenas de suministro globales y provocar respuestas de países afectados mediante medidas recíprocas.

La industria refinación de diésel representa aproximadamente el 25% de la producción total de combustibles en refinerías de EE.UU., con centros clave en Texas, Luisiana y California. Actualmente, cerca del 15% de dicho volumen se destina a exportación, particularmente durante los meses de otoño cuando la demanda doméstica de calefacción aún no ha alcanzado su pico.

Representantes de la Asociación Estadounidense de Productores de Combustibles (AFPM) han expresado preocupación por el precedente que establecería una intervención directa en los flujos comerciales, argumentando que el mercado debería autorregularse mediante mecanismos de precios. Por otro lado, grupos agrícolas y de transporte han respaldado la iniciativa, citando el impacto directo del costo del diésel en la cadena de suministros alimentarios y logísticos.

Si se implementa, la política entraría en vigor inmediatamente después de su anuncio y tendría una duración fija de 90 días, venciendo justo después de las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La administración tendría que notificar formalmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) si la medida se considera una barrera arancelaria no tarifaria, lo que podría iniciar un proceso de revisión internacional.

Hasta el momento, ningún funcionario de alto rango ha confirmado oficialmente la decisión, y se espera que la Casa Blanca emita un comunicado en las próximas semanas tras concluir las evaluaciones interagenciales. El debate interno refleja la tensión entre objetivos de política económica a corto plazo y los principios de libre comercio que han caracterizado la política energética estadounidense en décadas recientes.