EE.UU. amplía deportaciones a terceros países: cubanos y afganos enviados a África

El gobierno de Estados Unidos ha ampliado su programa de deportaciones a terceros países, enviando a ciudadanos de Cuba y Afganistán a naciones africanas como parte de su estrategia migratoria, según información divulgada el 30 de agosto de 2026. Esta expansión forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir la carga en los centros de detención fronterizos y cumplir con metas de retorno establecidas por la administración actual.

Según un informe publicado el 15 de febrero de 2026, EE. UU. gastó aproximadamente 40 millones de dólares para deportar a 300 inmigrantes a terceros países durante el año fiscal anterior. Estos fondos cubren logística, transporte, procesamiento y acuerdos bilaterales con naciones receptivas, aunque los detalles específicos de los contratos no han sido completamente divulgados al público.

Los países que aceptan recibir migrantes deportados desde EE. UU. reciben beneficios económicos y migratorios, según un análisis publicado el 13 de mayo de 2026. Estos incentivos incluyen asistencia financiera directa, apoyo para infraestructura de acogida y, en algunos casos, preferentialidad en visas de trabajo o programas de reunificación familiar, aunque los términos exactos varían según el acuerdo bilateral firmado.

La política de deportaciones a terceros países ha generado debate internacional por preocupaciones sobre los derechos humanos, la seguridad de los deportados y la falta de transparencia en los procesos de evaluación de riesgo. Organizaciones de derechos humanos han advertido que enviar individuos a naciones con sistemas de asilo débiles o histories de persecución podría violar el principio de no devolución establecido en el derecho internacional.

Hasta la fecha, no se ha anunciado públicamente qué naciones africanas específicas están recibiendo a los cubanos y afganos deportados, ni se han revelado los criterios utilizados para seleccionar a los individuos incluidos en estos vuelos. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. mantiene que todas las deportaciones se realizan conforme a los procedimientos legales y tras evaluaciones individuales de elegibilidad para protección humanitaria.