EE.UU. impulsa acuerdos petroleros en Venezuela con figura controvertida

El gobierno de Donald Trump busca reactivar el sector petrolero venezolano mediante acuerdos poco convencionales que evitan tratar directamente con PDVSA, tras el fracaso de las inversiones anunciadas tras la incursión de enero para capturar a Nicolás Maduro.

Tras más de una década de gestión considerada corrupta e ineficaz, muchos pozos petroleros de Venezuela están en mal estado y la infraestructura está agotada, lo que requiere enormes desembolsos para su rehabilitación. Además, el crudo venezolano es conocido por ser difícil y costoso de extraer debido a su alta viscosidad y contenido de impurezas.

Las principales compañías petroleras del mundo permanecen recelosas de invertir en Venezuela, no solo por las condiciones técnicas del sector, sino por la falta de confianza en el entorno político. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, varias empresas sufrieron la confiscación de activos, lo que ha generado un profundo escepticismo entre los inversionistas internacionales.

Muchos ejecutivos dudan de que un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta y figura clave del chavismo, represente un cambio suficientemente significativo como para restablecer la confianza necesaria para grandes inversiones a largo plazo.

El miércoles, Chevron anunció un compromiso de invertir 7.000 millones de dólares para más que duplicar su producción en Venezuela, una señal potencial de que algunas empresas están dispuestas a regresar bajo ciertas condiciones. Sin embargo, para acelerar la reactivación del sector, Trump evaluó dos opciones estratégicas.

La primera alternativa sería impulsar elecciones anticipadas que condujeran a un gobierno elegido democráticamente, lo que podría marcar una ruptura clara con el pasado y negociar inversiones sobre la base de una legitimidad política genuina. Un presidente electo tendría la autoridad para trazar su propio rumbo, aunque esto podría complicar la alineación con los intereses de Washington, dado que la oposición venezolana no es necesariamente proestadounidense.

Sin embargo, un diálogo sobre nuevas elecciones respaldado por EE.UU. llevaría tiempo, y Trump quiere mostrar avances decisivos a los votantes estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato. Por eso, ha optado por una segunda vía: una serie de acuerdos poco convencionales con actores del sector privado venezolano.

En este marco, EE.UU. se está asociando con Alejandro Betancourt, una figura polémica del mundo empresarial venezolano, mediante la adquisición de una participación del 35 por ciento en su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), la cual posee una concesión que abarca 17 yacimientos petrolíferos y aproximadamente una quinta parte de las reservas de Venezuela.

Desde la perspectiva de la Casa Blanca, esta estructura ofrece dos ventajas principales. Primero, permite que las compañías interesadas en invertir canalicen sus operaciones a través de Betancourt — descrito por un alto funcionario estadounidense como un "operador de probada eficacia" — en lugar de lidiar con la burocracia y la lentitud de PDVSA. Segundo, la inversión se gestionará a través de la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono, la cual tiene la capacidad de ofrecer garantías financieras a inversores o a sus bancos, reduciendo el riesgo percibido.

No obstante, el acuerdo genera importantes interrogantes jurídicos y políticos. Aunque aún no se han hecho públicos todos los detalles, críticos en el Congreso estadounidense, especialmente demócratas, lo han calificado de un posible abuso de poder por parte del ejecutivo. Además, la figura de Betancourt es altamente controvertida: aunque la administración destaca su determinación y agresividad para lograr resultados, muchos sectores de la oposición lo consideran un beneficiario del modelo de enriquecimiento bajo Chávez, acusado de obtener fortunas mediante acuerdos poco transparentes y ventajosos.

Los posibles inversores se preguntan si este acuerdo sobrevivirá al escrutinio político en cualquiera de los dos países, especialmente si se celebran elecciones que lleven a un nuevo gobierno venezolano con una agenda diferente. Expertos coinciden en que cualquier compromiso a largo plazo en el sector petrolero requiere un alto grado de confianza en la estabilidad política, algo que, en el caso de Venezuela, solo podría lograrse mediante elecciones creíbles que produzcan un gobierno con mayor legitimidad interna e internacional.

Hasta entonces, no existe una solución a corto plazo para la crisis de legitimidad que subyace al estancamiento del sector energético, y los acuerdos actuales podrían verse como intentos de sortear un problema estructural sin abordar su raíz política.