Brache advierte sobre retos para empresas ante responsabilidad penal en nuevo Código Penal

Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), advirtió que la entrada en vigor del nuevo Código Penal plantea desafíos significativos para el sector empresarial, particularmente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Durante la apertura del Encuentro Industrial "Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad", Brache sostuvo que la nueva legislación, que reemplaza un marco normativo vigente por más de un siglo, exige a las empresas reforzar sus programas y culturas de cumplimiento interno para mitigar riesgos penales.

El dirigente empresarial enfatizó que no bastará con contar con manuales o códigos formales, sino que se requerirá una gestión activa basada en la identificación de amenazas, el establecimiento de controles efectivos, la formación del personal y la creación de canales de denuncia e investigación de irregularidades.

Asimismo, señaló que el cambio normativo genera interrogantes sobre los criterios de aplicación de la responsabilidad penal en los órganos de dirección, los estándares de cumplimiento exigidos y la adaptación del nuevo régimen para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien participó en el evento, destacó que la implementación del nuevo Código Penal representa un cambio profundo en el marco procesal y dogmático del sistema de justicia dominicano, trasciende una simple reforma normativa.

Reynoso explicó que la nueva legislación introduce un cambio paradigmático desde la influencia del derecho penal francés con el Código Napoleónico de 1884 hacia modelos modernos basados en la teoría de la imputación objetiva y el derecho penal contemporáneo.

Entre las novedades más relevantes, la procuradora mencionó más de 70 nuevas tipificaciones penales, incluyendo ciberdelitos, infracciones ambientales y trata de personas; el incremento de las penas máximas hasta 40 años para delitos de extrema gravedad; y un sistema acumulativo de penas que puede llegar hasta 60 años.

De particular importancia para el sector privado, Reynoso subrayó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una de las principales innovaciones del nuevo Código, junto con la consagración de principios rectores como la legalidad, la irretroactividad, la interpretación estricta, la culpabilidad, la mínima intervención (última ratio) y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

La magistrada también hizo énfasis en la tipificación autónoma y rigurosa de los delitos contra la administración pública y la corrupción, con sanciones reforzadas para figuras como el peculado, la prevaricación, el desfalco y el cohecho.

Durante el panel de preguntas, moderado por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, la procuradora respondió a diversas inquietudes de los industriales sobre la aplicación práctica del nuevo marco legal en el ámbito empresarial.