EE. UU. anuncia operaciones antidrogas terrestres en Latinoamérica con aliados regionales

Estados Unidos planea ejecutar ataques terrestres contra organizaciones narcotraficantes en Latinoamérica, siguiendo el modelo de sus operaciones aéreas en aguas internacionales, según anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a Panamá. La iniciativa se enmarca en una alianza de 19 países liderada por el gobierno de Donald Trump, que incluye a República Dominicana, Ecuador, Colombia y otras naciones de la región.

Hegseth explicó que los planes de operaciones antidrogas terrestres buscan replicar el efecto de los ataques a lanchas de droga realizados en el Caribe y el Pacífico oriental, donde, según cifras oficiales, se han registrado al menos 215 muertos desde septiembre de 2024. El secretario de Defensa enfatizó que estas acciones se llevarán a cabo "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, incluyendo zonas de producción y tránsito de sustancias como cocaína y fentanilo.

La Coalición Anticárteles de las Américas, integrada por países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, constituye el marco operativo de esta estrategia. Hegseth sostuvo que las organizaciones criminales serán tratadas como objetivos legítimos, equiparándolas a grupos terroristas como ISIS o Al Qaida, y advirtió que no se les dará proceso judicial: "Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense".

El jefe del Pentágono también mencionó que, entre los objetivos, se incluyen los remanentes de las guerrillas colombianas y las redes de fentanilo en México, aunque este último país no forma parte de la alianza. Las declaraciones se dieron en el contexto de ejercicios militares anuales en Panamá, en los que participan alrededor de veinte naciones.

"Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, esas organizaciones son un objetivo", afirmó Hegseth, vestido con camiseta verde oliva y rodeado de personal militar durante su intervención en un lugar no identificado de la selva panameña.

El secretario de Defensa reconoció que juristas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques aéreos anteriores, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. No obstante, defendió su letalidad como necesaria para enfrentar lo que describió como una amenaza directa a la seguridad nacional y regional.