Política

Dos políticos dominicanos de Massachusetts acusados de fraude con ayudas COVID-19

Dos políticos dominicanos de Massachusetts, el representante Francisco Paulino y el alcalde Brian DePeña, enfrentan cargos federales por fraude con ayudas COVID-19, incluyendo préstamos y beneficios por desempleo obtenidos mediante declaraciones falsas.

Carmen Rodríguez

Carmen Rodríguez

Editora en Jefe

jueves, 27 de agosto de 20263 min de lectura
Dos políticos dominicanos de Massachusetts acusados de fraude con ayudas COVID-19
Dos políticos dominicanos de Massachusetts acusados de fraude con ayudas COVID-19

Dos figuras políticas de origen dominicano en Massachusetts enfrentan cargos federales por presunto fraude relacionado con programas de ayuda económica durante la pandemia de COVID-19. Las acusaciones, presentadas con apenas 12 días de diferencia, han generado preocupación en la comunidad latinoamericana del estado.

El caso más reciente involucra al representante estatal Francisco Paulino, del distrito 16 de Essex, quien fue arrestado el miércoles 26 de agosto y compareció ante un tribunal federal en Boston. Según la fiscalía de Massachusetts, Paulino, de 46 años, obtuvo fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas vinculados a la pandemia.

Las autoridades federales le imputan 11 cargos en una acusación presentada por un gran jurado: ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero. Durante su comparecencia, el político se declaró no culpable de todos los cargos.

Según la acusación, entre 2020 y 2021, Paulino obtuvo beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) usando la identidad de un familiar de 77 años que desconocía la situación. Se alega que presentó solicitudes falsas en línea, afirmando que dicho familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019, y aportó documentos falsificados para respaldar la demanda.

Además, se afirma que ordenó al Departamento de Asistencia por Desempleo (DUA) depositar electrónicamente los fondos en una cuenta a su nombre, recibiendo más de 44,000 dólares entre abril de 2020 y septiembre de 2021, los cuales, según los fiscales, fueron utilizados para gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.

En relación con los préstamos para desastres económicos (EIDL), Paulino habría presentado declaraciones falsas sobre los ingresos de sus empresas para obtener financiamiento. En junio de 2020, solicitó un préstamo alegando que su empresa Jackson Enterprise había tenido ingresos de 426,755 dólares en los 12 meses previos, lo que le permitió recibir 136,600 dólares en julio de 2020, de los cuales supuestamente usó 18,000 dólares para comprar bienes raíces en Lawrence.

Posteriormente, obtuvo un préstamo EIDL de 109,200 dólares para Madison Tax, LLC, al que luego solicitó un aumento, recibiendo adicionales 292,600 dólares, elevando la deuda total a 401,800 dólares. Según la fiscalía, usó parte de estos fondos para financiar hipotecas de terceros en Methuen y Lawrence, cobrando intereses entre el 5.5% y el 7.94%, además de 25,000 dólares en comisiones de origen de préstamos.

La acusación también indica que gestionó fraudulentamente una modificación de un préstamo EIDL para un cliente de su empresa, sin el consentimiento de éste, y utilizó los fondos para financiar otra hipoteca, cobrando una tasa de interés del 6.25% y una comisión de apertura de 17,000 dólares.

Este caso se produce apenas 12 días después de la detención del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también fue arrestado por el FBI bajo cargos similares por el presunto uso indebido de más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia. DePeña habría obtenido los fondos mediante declaraciones falsas presentadas a nombre de su empresa, Tenares Tire Service Inc.

Ambos casos están siendo investigados por autoridades federales y reflejan un patrón de presunto abuso de programas de ayuda diseñados para apoyar a trabajadores y empresas durante la crisis sanitaria. Los procesos judiciales continúan en curso.

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Carmen Rodríguez
Sobre el autor

Carmen Rodríguez

Editora en Jefe

Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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