Diputados debate nueve reformas al Código Penal y tres préstamos internacionales

La Cámara de Diputados sesionará este jueves a partir de la 1:00 p.m. con una agenda cargada que incluye nueve propuestas de modificación al nuevo Código Penal (Ley 74-25), cuyo ingreso en vigencia está previsto para el 3 de agosto, según consta en los puntos 14.2 al 14.10 del orden del día.

Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo legislativo intensivo para ajustar la normativa penal antes del cierre de la legislatura el 26 de julio, plazo establecido para concluir los trabajos del Congreso Nacional. Las propuestas abarcan temas como libertad de expresión, responsabilidad médica y aspectos técnicos de redacción, surgidas tras consultas con organizaciones médicas, gremios, juristas y representantes de diversos sectores sociales.

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que existe tiempo suficiente para aprobar las modificaciones prioritarias antes del receso legislativo, mientras que Ricardo de los Santos, presidente del Senado, reiteró la necesidad de que las correcciones se conozcan dentro del calendario vigente.

Tramitación de préstamos internacionales

Además de las reformas al Código Penal, el pleno conocerá tres convenios de financiamiento internacional sometidos por el Poder Ejecutivo, todos con informes favorables de la Comisión Permanente de Hacienda:

Hacienda.

El primero es el Contrato Modificatorio número 1 del préstamo 5445/OC-DR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vinculado al Programa de Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo.

Le sigue la Enmienda número 1 al préstamo 9530-DO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinada al Proyecto Integrado de Protección Social, Inclusión y Resiliencia (INSPIRE), que fortalece el programa Supérate y el sistema nacional de protección social.

Finalmente, se analizará un contrato de préstamo con el BID por hasta 200 millones de dólares para financiar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).