Defensas solicitan recalificación a homicidio voluntario en caso Jet Set

El próximo viernes, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional continuará el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del derrumbe de la discoteca Jet Set que causó la muerte de 236 personas en abril de 2023. El juez Franny González deberá decidir si mantiene la calificación de homicidio involuntario o la varía a homicidio voluntario con dolo eventual, tal como solicitan las partes querellantes.

Esta solicitud surge pese a que, en fase preliminar, el entonces juez Raymundo Mejía rechazó la recalificación al argumentar que no existía dolo eventual en un derrumbe donde una de las imputadas, Maribel Espaillat, se encontraba dentro del establecimiento al momento del colapso. Mejía sostuvo que tal situación no podía equipararse a conductas como disparar en un lugar público.

Los querellantes, representados por los abogados Juan Hirohito Reyes, Ignacio Miranda Cubilete, Marcos Vinicio Rosado y Yancarlos Martínez Segura, junto a representantes de Gregory Adames y nueve víctimas, volvieron a presentar la petición ante el juez González. Sostienen que las pruebas periciales, testimoniales y documentales demuestran que los imputados tenían conocimiento del deterioro progresivo de la estructura.

Según Reyes, los informes periciales revelan filtraciones en el techo, adición de peso no autorizado y la caída de fragmentos el mismo día del colapso. Además, citan extractos de conversaciones telefónicas, mensajes y audios entre los imputados y el testigo Gregory Espaillat, incluyendo audios donde Maribel Espaillat le informa a su hermano sobre el estado del techo.

"No estamos ante alguien que conoce una simple filtración; estamos ante personas que se representaron en aquello que caía y podía lesionar gravemente a alguien, y aun así continuaron con la explotación del establecimiento"

Los querellantes argumentan que, de prosperar la recalificación, la pena podría aumentar de un máximo de 2 años (por homicidio involuntario) a hasta 30 años de prisión (por homicidio voluntario con dolo eventual). Sin embargo, el juez González advirtió que su tribunal solo tiene competencia para conocer infracciones con penas de hasta 10 años de privación de libertad, por lo que, en caso de aceptar la variación, el asunto debería ser remitido a un tribunal colegiado.

Por su parte, el Ministerio Público mantuvo su posición original de acusar por homicidio involuntario, tal como figura en la acusación presentada el 20 de febrero de 2026. El juez González deberá resolver la cuestión antes de continuar con el juicio de fondo, cuya resolución podría tener implicaciones significativas en el ámbito jurídico y social del país.