Defensa de Santiago Hazim acepta prórroga para acusación en caso Senasa

La defensa de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), no se opuso a la prórroga solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal en el caso que involucra a múltiples funcionarios acusados de defraudar al Estado dominicano.

Según informó el abogado Miguel Valerio, representante legal de Hazim, la solicitud de extensión de plazo es un derecho legítimo de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, dada la complejidad del caso que requiere un análisis exhaustivo de las pruebas.

El abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico de Senasa, también manifestó su acuerdo con la prórroga, al igual que los defensores de otros acusados involucrados en el proceso.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del magistrado Deiby Timoteo Peguero, aplazó el conocimiento de la solicitud de prórroga hasta el 4 de septiembre, tras la ausencia de la defensa de Francisco Minaya Pérez, quien no compareció a la audiencia debido al fallecimiento de su padre la noche anterior.

Los representantes del Ministerio Público, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron una extensión de cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal, petición respaldada por los abogados que representan al Estado dominicano en el caso.

Además de Santiago Hazim, figuran como acusados en este proceso: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple medida de arresto domiciliario.

También están implicados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario tras haber admitido ante el tribunal el pago de sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa, colaboración que les permitió acceder a esta medida menos gravosa.

Según la acusación, la red criminal operó entre 2020 y 2025 y provocó un perjuicio económico al Estado dominicano que inicialmente se estimó en más de 15,000 millones de pesos, pero que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos, afectando directamente el sistema público de riesgos de salud.

Los delitos atribuidos a los imputados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, configurando una compleja estructura de corrupción administrativa que ha mantenido en vilo al sistema de justicia dominicano durante varios años.